Si la investigación del fraude que sufrió la EMT en septiembre de 2019 fuera una línea de autobús, llevaría retraso. Mucho. De esos retrasos que ameritan una catarata de protestas en Twitter. Porque se han cumplido ya tres años del robo y nada ... se sabe del dinero: todo se ha fiado a que pague la directiva despedida, que ya ha apelado la decisión del Tribunal de Cuentas de considerarla culpable, mientras en Hong Kong la investigación parece haberse cerrrado.
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Pero empecemos por el principio. Recopilemos lo que ocurrió en esos veinte días de septiembre de 2019, cuando una trama internacional de ladrones se puso en contacto con Celia Zafra, entonces directora de Administración de la EMT, y le dijo que necesitaban su confidencialidad porque la empresa quería comprar otra mercantil en China. Incluso enviaron un correo electrónico en el que se hacían pasar por Giuseppe Grezzi, presidente de la entidad, que acabó por convencer a Zafra. Durante veinte días, con todos sus superiores de vacaciones o de baja, la exdirectiva encargó ocho transferencias que sacaron de la empresa 4,2 millones de euros que se desvanecieron en dos cuentas del Bnak of China en Hong Kong: cuando la EMT denunció la cuestión y las autoridades hongkonesas pidieron los saldos de las dos cuentas, apenas había en ellas unos pocos cientos de euros.
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Una vez descubierto el entuerto, el entonces director gerente, Josep Enric García Alemany, lo paró todo y despidió a Zafra. En el ámbito político, se creó una comisión de investigación que en 2020 apuntó a la dejación de funciones de García Alemany como una de las razones que permitieron el robo, porque nadie controlaba cómo se estaban haciendo las transferencias, que se ordenaban mediante un documento con las firmas del gerente y su directora de Negociado falsificadas gracias a que Zafra remitió los DNI de ambos directivos a los ladrones. García Alemany acabó siendo cesado por un Grezzi que siempre le defendió y que, claro, jamás tuvo intención alguna de dimitir. También se quedó sin funciones María Rayón, la directora de Negociado, que estaba de baja durante el fraude. Los peritos demostraron que tanto ella como García Alemany entraron a ver las cuentas durante septiembre pero siempre juraron que no se habían fijado en los saldos de las mismas en la banca electrónica.
Eso en el plano político. En el plano policial, la investigación se siguió en Hong Kong, donde las indagaciones de la policía desveló que tras las cuentas había dos ciudadanos chinos que nunca han aparecido. En el país asiático también hubo un proceso judicial (para el que la EMT tuvo que contratar un despacho especializado), que terminó dictamando que esos dos ciudadanos chinos tenían que devolver el dinero. Obviamente, desaparecieron de la faz de la tierra. Nunca más se supo nada de ellos. Los expertos en blanqueo de capitales ya advertían, en 2019, de lo difícil que sería recuperar el dinero.
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Siempre hubo dos vías para hacerlo: una, que lo pagara la directiva despedida; y dos, que lo pagara el banco. Para eso se pusieron en marcha distintos procesos judiciales: uno en el Instrucción 18 de Valencia y otro en el Tribunal de Cuentas de Madrid. Ambos siguen caminos muy distintos. El primero está totalmente paralizado, como mucho de lo que cae en este juzgado. «Ya sabes cómo es don Víctor», dicen fuentes judiciales, en referencia al titular de la sala, Víctor Gómez. Lo último que se sabe es que envió comisiones rogatorias a Irlanda, Israel y Kenia para intentar descubrir quién estaba detrás de los teléfonos o de las direcciones IP desde donde se enviaron los correos electrónicos en los que, haciéndose pasar por un abogado español de la firma Deloitte, los ladrones hablaban con Zafra para pedirle el dinero que tenía que ir transfiriendo. Estamos en abril de 2021. Nada se sabe de esas comisiones. La vía judicial, por tanto, está parada.
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Una vía que solo considera a Zafra presunta culpable del robo. Es lo mismo que pasa en el Tribunal de Cuentas, que ya tiene congeladas las cuentas y los activos de Zafra. El letrado de la exdirectiva, Rafa Guía, explica que ha pedido una vista oral para apelar contra la sentencia pero, de nuevo, no ha recibido ninguna respuesta. Hasta que no se decida sobre esa apelación, Zafra no tiene que abonar un dinero que, por otra parte, asegura no tener. Pese a que tanto ella como la entidad financiera que ordenó las transferencia, CaixaBank, explican que el proceder por el cual se autorizaron (un pdf remitido al banco por correo electrónico) es el correcto, la EMT lo niega, pero tampoco exige que sea el banco quien, de forma subsidiaria, haga frente al pago del dinero. Por cierto, de todos estos actores CaixaBank es el único que no se ha pronunciado desde 2019.
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Tras el fraude, la EMT ha implementado mejoras en la seguridad, como un plan especial de 'compiance', y ha puesto en negro sobre blanco los procedimientos de pago, que hasta el momento del fraude se recogían en una carpeta que las trabajadoras de Administración tenían plastificada en la puerta de un armario del despacho en la planta baja del edificio de Correo Viejo.
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