La Generalitat negocia la compra del edificio de Sociópolis para evitar un desahucio de 120 familias

La situación ha cambiado. Si hasta hace pocas semanas todo parecía encaminado a la venta a los inversores y el desahucio multitudinario, la llegada de la Generalitat ha dado un vuelco a la negociación. Tanto es así que incluso la Conselleria de Vivienda ha variado la fórmula para tratar de adquirir lo más pronto posible el edificio de viviendas de protección pública, que fue construido en 2012. Ya no se trata de ejercer el derecho de tanteo sobre la oferta que hicieron los inversores. Ahora la Generalitat va a optar por el método de la compra directa.

Se trata de un procedimiento extraordinario que sólo se emplea en casos excepcionales. Pero en el Gobierno valenciano consideran que este lo es, porque afecta al posible desalojo de más de 120 familias, y por ello hay que actuar con urgencia. Miembros de la Secretaría Autonómica de Vivienda se han reunido este miércoles con los vecinos y con el alcalde pedáneo de La Torre, Roberto Cuartero, para informarles de en qué punto se encuentra actualmente la situación.

La Generalitat está cerrando todavía el precio final de la oferta de compra directa que presentará a Grupo Ática, la promotora propietaria del edificio, para iniciar cuanto antes la tramitación del proceso de transacción. La argumentación para emplear esta fórmula ha sido la de buscar una vía con la que agilizar la situación, con el objetivo prioritario de garantizar el derecho a la vivienda de las 124 familias y frenar un proceso que hubiera dejado en la calle a tantas personas.

Se trata, según defiende el Gobierno autonómico, de un caso en el que existe una emergencia residencial múltiple, y más tratándose de una ciudad como Valencia, donde el mercado de la vivienda de alquiler se ha encarecido mucho y no hay un parque público de viviendas sociales suficiente. Por eso considera la Generalitat que está justificada esta vía excepcional de la compra directa, en vez del derecho de tanteo que se planteaba hasta ahora. Además, las recientes medidas que puso en vigor el Ejecutivo nacional, dentro del marco jurídico mundial a raíz de los damnificados por la guerra en Ucrania, también ofrecen protección a las personas que se enfrentan a una situación dramática como un desahucio.

Ática informó a la Generalitat de que tenía una oferta por el edificio, y por ello el organismo público ha podido meterse en la negociación de forma rápida. En el caso de que la empresa propietaria del inmueble no acepte la oferta que presente la Generalitat y prefiera la propuesta del grupo inversor, el Gobierno valenciano se resiste a tirar la toalla y manifiesta que intentará negociar con los hipotéticos nuevos compradores para que no se llegue al extremo de dejar a las familias sin un techo.

Hasta ahora la Conselleria de Vivienda se había reunido en otras dos ocasiones anteriores con los vecinos del edificio. En esas reuniones confirmaron que una empresa quiere hacerse con el inmueble, pero la Generalitat les señaló que pretendía comprarlo y negociar los alquileres con los inquilinos una vez que el edificio sea propiedad del Consell.

Aunque algunos vecinos en las últimas semanas optaron por abandonar el edificio para irse a otro sitio, la gran mayoría de familias siguen viviendo en el inmueble de Sociópolis, a pesar de la incertidumbre que tienen sobre si serán obligados a desalojarlo en un corto plazo. Mientras tanto, este barrio, que comenzó en plena burbuja inmobiliaria a principios de este siglo como un gran proyecto de urbanización en La Torre, sigue prácticamente paralizado, con enormes edificios que se quedaron a mitad de construir y sin servicios para los ciudadanos.

Aunque ahora la Generalitat ha reiniciado las obras de algunos inmuebles para terminarlos y sacar al mercado nuevas viviendas públicas. El Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia han puesto en marcha el proyecto 'Habita La Torre' que permitirá la construcción de 184 viviendas públicas de alquiler en un edificio inacabado de la antigua Sociópolis.