El Gobierno 'abandona' el Sidi Saler

La alcaldesa remitió una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el pasado 17 de febrero, justo una semana después de que se hubiese conocido el fallo judicial contra los dueños del hotel. En la misiva en cuestión, Catalá mostraba la «enorme preocupación» latente tanto en el Consistorio como por parte de los propios vecinos de El Saler por la incertidumbre en la que se ha sumido el futuro del inmueble. Dicho escrito sigue sin respuesta casi dos meses después, según denuncian desde el Ayuntamiento.

Precisamente ante esta falta de respuesta por parte del Ejecutivo, fuentes municipales califican este desplante como «una muestra más de la dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la ciudad Valencia». Desde el Ayuntamiento ponen como ejemplo de esto el acuerdo histórico firmado por el Consistorio, el Consell y los regantes para que la Albufera tenga el agua que necesita porque, a su juicio, «el Gobierno ni está ni se le espera».

«Reclamamos al Ministerio que atienda esta petición porque tanto el Ayuntamiento como los vecinos necesitan soluciones para el Sidi Saler. El gobierno es como el perro del hortelano, ni hace ni deja hacer. Y ya es hora que se ponga a trabajar», concluyen las mismas voces.

LAS PROVINCIAS ha tratado de ponerse en contacto con el Miteco para recabar su versión de los hechos sin haber recibido ninguna respuesta al respecto.

Este periódico ha tenido acceso a la carta firmada por Catalá en la que interpeló a Aagesen hace casi ya dos meses. La primera edil arranca el escrito explicando que las compañías propietarias contaban con un proyecto para rehabilitar el Sidi Saler con el objetivo de devolver al recinto su actividad hotelera antes de poner el foco en que el complejo sufre un «avanzado de degradación» y que, como consecuencia de ello, «está suponiendo un problema de seguridad para los vecinos de la zona» por la presencia de okupas y los problemas de seguridad y ocupación ilegal que genera su presencia en la zona.

La alcaldesa rescata la parte de la sentencia en la que la justicia recuerda que durante más de 13 años no se ha realizado ningún tipo de actividad hotelera en el Sidi Saler y que la licencia otorgada en 2018 está caducada. Además, Catalá destaca la parte del fallo en el que expone que dicha caducidad «obliga a la administración titular, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a incoar un expediente de caducidad de la concesión».

De hecho, en palabras de la primera edil, la resolución ha causado «una enorme preocupación» tanto al Ayuntamiento como a la asociación de vecinos de El Saler, entidad que también se muestra reacia a la demolición del edificio y que prefiere apostar por su rehabilitación y posterior reapertura «dándole prioridad a la integración con el espacio protegido». Por todo ello, «queremos tener una reunión con usted (vicepresidenta Aagesen) para saber cuáles son los planes de futuro del ministerio después de esta sentencia», concluye Catalá.

En la parte final de la misiva, la alcaldesa recuerda que, como consecuencia del fallo judicial y la licencia caducada, «es el Ministerio el que debe responsabilizarse de la conservación y el mantenimiento de la edificación, de su seguridad, y, en su caso, de su demolición». Por último, Catalá concluye que los problemas de seguridad en la zona «nos preocupan muchísimo» por lo que insta al Gobierno a que tome «las medidas oportunas».