El Gobierno descarta la cesión de la lámina de agua de la Marina y los suelos portuarios

El primer capítulo de esta semana correspondió al «compromiso político» para la desafectación de los suelos portuarios en la Marina. Mientras que el diputado Joan Baldoví y el alcalde Ribó hablaban del buen «talante» de la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, para trabajar con este propósito en favor del Ayuntamiento, el Ministerio dijo después que no había nada de eso.

Este viernes fue el turno de la lámina de agua, incluidos los más de 800 amarres, que desea la Generalitat para participar como propietarios de pleno derecho en la futura entidad que gestionará la Marina, una empresa o una fundación, no está claro.

«En relación con la desafectación de la lámina de agua, no es posible de ninguna forma por la regulación de puertos y la de costas, subsidiaria de la de puertos», indicaron desde el Ministerio de Transportes a LAS PROVINCIAS, lo que echa un jarro de agua fría a las previsiones del Consell, anunciadas el pasado mayo por el presidente Puig.

La voluntad de las dos instituciones en una gestión conjunta de la Marina, donde el tercer socio sería la Autoridad Portuaria según la previsión actual del Gobierno, que confirmó el martes que será la entidad que saque adelante el concurso para la concesión de los amarres, además de seguir con las competencias en toda los suelos portuarios ubicados en la Marina.

Sobre esto último, este periódico preguntó la razón de que no se cedan al Ayuntamiento. «En cuanto a la desafectación de los terrenos de dominio público portuario, está sujeta a un procedimiento muy estricto que ha de ampararse en una pérdida del interés portuario, supuesto que no se cumple en este caso».

Más claro agua. De los dos temas podrán hablar la secretaria de Estado de Transportes con el alcalde Ribó en una reunión pedida por el segundo y todavía pendiente de fijar. Este martes, la representante del Ministerio tiene previsto impartir una conferencia en la Universidad Católica de Valencia, acerca de la ejecución del Plan de Recuperación tras la pandemia sanitaria, por lo que ambos equipos podrían cuadrar las agendas para ese día.

La voluntad del Ministerio es que la Autoridad Portuaria elabore un concurso de gestión de amarres con unas bases basadas en la «sostenibilidad en sus vertientes económica, ambiental y social», sin que de momento hayan trascendido más detalles sobre la capacidad o precios. Mientras, el Consorcio Valencia 2007 sigue el plan de liquidación.