La EMT maniobra para exculpar a una de sus directivas, María Rayón, del fraude de las jubilaciones parciales que la empresa pagó entre 2013 y 2018. El Tribunal de Cuentas reclamaba 1,2 millones de euros, pero el abogado de la firma argumenta que Rayón, ... que ahora no tiene ninguna responsabilidad directiva tras el robo que sufrió Correo Viejo en septiembre de 2019, no firmaba contratos en representación de la EMT.
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Los hechos se remontan a 2013. Entonces, la dirección de la empresa firmó con los sindicatos un acuerdo sobre las jubilaciones parciales en el que se preveía que los trabajadores que pudieran acogerse a ese régimen podrían hacerlo con una reducción de jornada de entre el 25 y el 75%, que podría alcanzar el 85% se firmase simultáneamente un contrato de relevo a tiempo parcial indefinido.
Así las cosas, un jubilado parcial estaba obligado a trabajar al menos un 15% de las 220 jornadas anuales durante los cuatro años que le restaban por alcanzar la edad ordinaria de jubilación: 33 días al año, 132 en cuatro. Pero los empleados que se acogieron a este régimen trabajaron sólo 65 jornadas, aunque cobraron por 132.
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Fue el entonces gerente de la EMT, Josep Enric Garcia Alemany, quien denunció la cuestión en 2017. La Agencia Valenciana Antifraude lo llevó a Fiscalía pero el caso se archivó. Saltó entonces al Tribunal de Cuentas, que en marzo de 2021 reclamó 254.000 euros a Andrés Bernabé, 881.000 a Carlos Romero y 68.000 a la misma Rayón.
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Ahora, la EMT demanda a Bernabé y Romero, ligados ambos a la anterior etapa (el primero fue incluso gerente), pero no a Rayón. Argumenta la empresa que los demandados no podían ignorar la circunstancia de que los contratos estipulaban lo que cobraría cada trabajador que se jubilara parcialmente, «porque eran precisamente quienes signaban los contratos en representación de la EMT» en su calidad de encargados de recurso humanos de la entidad. Eso no ocurría en el caso de Rayón.
La EMT también justifica que lo siguiera haciendo desde diciembre de 2017 a mayo de 2018, descubierta ya la ilegalidad, en que pretendían «evitar daños mayores»: «El acto era presuntamente ilícito pero aún no había sido así declarado y suspender en ese momento el pago de una retribución que venía abonándose desde hacía tiempo podría generar un conflicto que afectase a la prestación de un servicio público de la importancia que tiene el que está encomendaDo a la EMT».
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«Además», continúa el letrado de la mercanTil, «en caso de resultar correcto de pago de 132 jornadas supondría unos perjuicios para la EMT por la obligación de resarcir a los trabajadores que no hubiesen cobrado esas cantidades, cuando por otra parte recuperar el exceso abonado durante esos meses no presentaría una especial dificultad». «Se siguió abonando el exceso de salario aplicando el principio de estado de necesidad por lo que esta parte entiende que no exigible responsabilidad contable por los pagos efectuados a partir del 27 de diciembre de 2017», indica la empresa. De esas nóminas se encargó, presumiblemente, Rayón.
Por eso, la empresa cree que no se le pueden reclamar los 64.000 euros a Rayón, así como reducir la cantidad reclamada a Romero a 750.000 euros. El dinero exigido a Bernabé sigue siendo 220.000 euros, por lo que el total que pide ahora la EMT asciende a 969.000, casi 300.000 euros que antes de la demanda. Los abogados de Correo Viejo también solicitan al Tribunal de Cuentas que condene a Romero y Bernabé a pagar los intereses y las costas del proceso.
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Ahora, corresponde al tribunal aceptar o descartar la demanda formulada y, si la acepta, nombrar un juez instructor que analice el caso. Es la segunda cuestión abierta por la EMT en este tribunal tras la del fraude de 2019.
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