Un grupo de expertos asegura que controlar el acceso con cámaras a la zona de bajas emisiones de Valencia es ilegal

El grupo de expertos de la red MESURA alerta de que el sistema de cámaras que quiere instalar el Ayuntamiento para controlar la zona de bajas emisiones (ZBE) de Valencia es ilegal y los tribunales podrían tumbarla, como ha ocurrido en Barcelona, si se limita a multar a los coches más viejos y, por tanto, más contaminantes. Según un informe jurídico al que ha tenido acceso este diario, la fiscalidad a la contaminación «debería llevar al pago de una tasa por el uso de infraestructuras del transporte terrestre, como ya la tienen el aéreo y marítimo sin que nadie las cuestione hoy en día, aunque deberían de ser tasas flexibles y ponderadas al uso y a quien hace el uso».

Este tipo de gravamen tiene nombre: ecopeaje. La red MESURA, con la colaboración de la concejalía de Innovación, presentará este miércoles en la mesa redonda del Forum Urbano Valencia 2030 sobre fiscalidad e inversión este sistema, que plantea tarifas inclusivas orientadas al pago según tipo y cantidad de uso. El mismo informe jurídico asegura que no es lo mismo «puesto que no es lo mismo un uso profesional que un uso particular, así como otras variables que deberían considerarse (asiduidad, finalidad…)».

El técnico de Mesura José Manuel Felisi explica que las distinciones se harían «por minusvalía, renta, disponibilidad de transporte público, horario punta... así lo han hecho en Milán y SIngapur», que son los modelos en que se miraría el ecopeaje. «El modelo propuesto en la ZBE de Valencia es el de Barcelona: pasas si eres coche nuevo, no pasas si eres viejo... a falta de definir qué es viejo y qué es nuevo», comenta. Pero Felisi recuerda que el TSJC timbó la ZBE de Barcelona. La opción para sortear esta prohibición es «condicionar el pago por uso, no prohibir el uso ocasional». «Es decir, no podemos obligar a un señor mayor a cambiarse el coche viejo para lo use una vez a la semana», explica.

«La manera de condicionar es que las cámaras incorporen la capacidad de cuantificar el tiempo de estancia en la ciudad. Esto es fácil y no es caro. Con esto podremos evitar el prohibir el uso ocasional o causas justificadas y sortear al Tribunal Superior de Justicia», comenta Felisi. «Aplicando tarifas blandas como Milán tendríamos una reducción del tránsito de un 18,6% y del 13,3% en emisiones de CO2. Esto sí daría a Valencia opciones de aspirar reduccir sus emisiones a la mitad como se planteó en su primer objetivo de ser 'Ciudad Neutra'», indican desde Mesura.

La forma de comprobar si este proyecto piloto tendría éxito es a través de unos GPS que se instalan en los coches, tienen un coste reducido y permiten anonimizar los datos para que el Ayuntamiento cumpla la Ley de Protección de Datos. «El Consistorio no sabría dónde estás en cada momento porque no sabría quién eres», explica Felisi. De esta manera, el control sobre quién accede a la ciudad se podría llevar cumpliendo la legislación vigente.

Por el momento, el Ayuntamiento únicamente ha instalado algo parecido a una ZBE en la ciudad y es el Área de Prioridad Residencial (APR) situada al norte de Ciutat Vella. Se trata, con todo, de una ZBE distinta a la que ahora se plantea gracias a los fondos europeos y a la nueva ley de movilidad, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una antes de 2023. En la de Ciutat Vella, el acceso está controlado con cámaras, pero únicamente se permite la entrada a residentes y comerciantes inscritos en el Ayuntamiento, por lo que es más restrictiva que la que se plantea para el resto de la ciudad.

Con todo, ya ha suscitado críticas de vecinos de la zona, que reclaman al Consistorio que permita más entradas, sobre todo para clientes y proveedores de los distintos negocios, y que reordene los accesos para poder llegar con facilidad a los aparcamientos y los domicilios de los que viven en el interior de la APR.