La investigación no identifica el buque tres días después del vertido en el Saler

Capitanía Marítima de Valencia es el organismo que ha asumido el peso de las pesquisas al tratarse de un incidente originado en el mar y, por ende, ser de su competencia. El organismo dependiente de la Dirección de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes encargó una analítica a través de una recogida de muestras para cuantificar el grado de afección generada por el hidrocarburo en el agua. Asimismo, los resultados de estas pruebas, por ahora desconocidos, permitirán a los investigadores estrechar el cerco a la hora de identificar al buque del que habría podido salir el combustible.

El pasado miércoles la Capitanía Marítima solicitó la colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia para revisar los buques amarrados en sus instalaciones que hubieran surcado las aguas próximas a las tres playas afectadas por el chapapote. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aseguró esa misma jornada que algunos de los barcos que se encontraban atracados en el puerto ya habían sido descartados por los investigadores. Bernabé ha confirmado que existen varias líneas de investigación abiertas, pero la composición del combustible demostrada por el primero de los análisis de salubridad del agua afectada, decanta el devenir de la investigación hacia la hipótesis de que el vertido fue obra de un navío.

El responsable de los 35 metros cúbicos de residuos recogidos por los operarios encargados de la limpieza en las costa de los tres arenales afectados podría hacerse cargo de una multa de hasta tres millones de euros, según el Real Decreto Legislativo 2/2011. Si las autoridades determinan que el origen de la mancha de alquitrán puede ser calificada como una infracción «muy grave» por contaminación al medio marino, el autor de los vertidos debería hacer frente a la citada cuantía recogida en el régimen sancionador de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Sin embargo, para que pudiera ser aplicado dicho importe sancionador, el más elevado de toda la ley, se tendría que demostrar que la sustancia proveniente del navío fue vertida de manera deliberada. No obstante, si se halla una negligencia del buque en el momento en el que se liberó el combustible, se rebajaría el grado hasta considerarse una infracción de categoría «grave». Además, en uno de los apartados específicos del la infracción «grave» se enuncia que esta normativa también será aplicable si se demuestra «la falta de comunicación inmediata a la Capitanía Marítima más próxima o a la Dirección General de la Marina Mercante».

Cabe destacar que esta circunstancia sí se dio en el caso de la mancha aparecida en las playas del sur de Valencia, puesto que fue una imagen del satélite Sentinel 1, propiedad de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA, por sus siglas en inglés), la que dio la voz de alarma acerca de la presencia de un posible vertido situado a media milla de la orilla y no el buque que, supuestamente, la provocó. Por otro lado, de tratarse de una infracción «leve», la cuantía a pagar por el sancionado sería sustancialmente inferior, reduciéndose hasta los 60.000 euros.

El importe de las multas a las que queda expuesto el presunto responsable del vertido de hidrocarburo cobra todavía más importancia tras el anuncio de la apertura de diligencia por parte de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía.