El titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha enviado dos comisiones rogatorias a Denver, en Estados Unidos, y a Dublín, en Irlanda, para pedir información sobre quién abrió el dominio web desde donde se enviaron los correos electrónicos del fraude a la EMT, que en septiembre de 2019 terminó con cuatro millones de euros de dinero público en dos cuentas del Bank of China de Hong Kong. Desde entonces, no se ha recuperado ni un euro.
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El magistrado ha preguntado a una empresa que se encarga de ofrecer dominios de internet quién contrató el dominio cnmv.pw desde donde se enviaron los correos del fraude. Se trata de una mercantil radicada en Denver, en Colorado, llamada Sengrid, dedicada a la gestión de correos electrónicos masivos. Ahí lleva la IP de la cuenta respuesta@cnmv.pw, una de las dos que usaron los defraudadores. Hacia Colorado ha enviado el juez una de las comisiones rogatorias.
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La otra ha ido más cerca, a Irlanda. El magistrado ha preguntado a Google quién es el titular de otra cuenta de correo, javierparada.fisc@gmail.com, con la que la directiva despedida, Celia Zafra, se comunicó durante buena parte del fraude. El juez quiere sabe por el nombre y los apellidos de quien creara esa cuenta, no únicamente su dirección IP, porque remite a la ciudad israelí de Givatayim y a un teléfono que empieza por el prefijo de este país, así que es, por el momento, un callejón sin salida.
Lo cierto es que la madeja del fraude de la EMT parece lejos de desentrañarsemás de 16 meses después de que durante 20 días de septiembre una trama internacional sacara de las cuentas de la empresa más de cuatro millones de euros sin que nadie se diera cuenta. Únicamente el aviso del banco, Caixabank, permitió parar un robo que ocurrió mientras buena parte de los directivos de la entidad estaban de vacaciones o de baja. Queda por saber, al final, la pregunta más importante: quién robó el dinero.
EMT Valencia gasta en directivos más de 180.000 euros más que en 2019. En concreto, antes del fraude. Se recordará que la semana siguiente se aprobó la subida de sueldo del entonces gerente y del jefe de gabinete de gerencia, que a la postre acabaría siendo adjunto a la gerencia y, más tarde, gerente interino tras el despido de Garcia Alemany. Pero lo cierto es que el estudio de lo que cobraban los directivos de la EMT en septiembre de 2019 y lo que cobran ahora deja un aumento de sueldo de todos los directivos de más de 180.000 euros al año.
En septiembre de hace dos años, trabajaban en la EMT el citado Garcia Alemany (70.000 euros al año), Antonio Martínez (jefe de gabinete, 50.000 euros), María Rayón (directora del área de Gestión, 68.000 euros), Enrique Salom (Operaciones, 72.000), Josep Ignasi Chiner (Técnica, así 48.000), Manuel López (Desarrollo, 60.000), Gabriel Izquierdo (Planificación, 66.000) y Ariane Calero (65.000).
Hoy, Marta Serrano, la nueva gerente, cobra 75.000 euros. Martínez gana 11.000 euros más al año y se añaden nuevos directivos como Virginia Álvarez (Jurídica, 66.000), Jèssica Martorell (Comunicación, 45.900) y Esmeralda Aparisi (nueva directora del área de Gestión, 70.000 euros, que no hay que contar). En esta relación aparecen los miembros del comité de dirección y todos los trabajadores de nivel 1. Falta por asignar un director de Movilidad, que controlará los aparcamientos que la EMT gestiona, y a Juan Pablo Borregón, director de Talento Humano (Recursos Humanos), que según aseguran fuentes de la empresa, cobra unos 53.000 euros. En el organigrama oficial no aparece como directivo.
Dos procesos judiciales se desarrollan de forma casi paralela. Uno en España, ralentizado por el Covid-19, el confinamiento y la pandemia (las comisiones rogatorias han salido ahora cuando se anunciaron en febrero de 2020), y otro en Hong Kong, que ya ha terminado y que ha condenado a dos ciudadanos de origen chino a pagar los 4,04 millones de euros, dado que fueron ellos quienes abrieron las cuentas del Bank of China donde desapareció el dinero. No se espera, obviamente, que hagan frente a este pago.
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La EMT lo fía todo a que el juez considere responsable civil subsidiario al único actor en todo esto que tiene músculo económico suficiente como para hacer frente al pago de más de cuatro millones de euros: el banco. Los abogados de la empresa insisten en que los trabajadores de CaixaBank (que entonces era Caixabank) se saltaron las condiciones del contrato que tenían firmado y autorizaron transferencias mediante cartas de pago enviadas en pdf, cuando sólo se podían hacer mediante la banca electrónica. Lo cierto es que el contrato sí permite este tipo de operaciones, y se hacían, de hecho, aunque apenas un par de veces al mes y para pagos recurrentes como la Seguridad Social de los trabajadores. Sin el banco, dice la empresa, el fraude no podría haberse realizado. CaixaBank, obviamente, contraargumenta e indica que fueron ellos quienes avisaron: si supieran que estaban haciendo algo de forma incorrecta, ¿por qué iban a llamar a la EMT? Cabe recordar que no fue hasta que el entonces gerente, Josep Enric Garcia Alemany, recibió una llamada del gestor de la cuenta de la EMT en CaixaBank, que la empresa conoció la estafa de la que estaba siendo víctima. El juez, por ahora, considera al banco un testigo más, aunque este situación procesal podría cambiar en próximas fechas si el magistrado sospecha que puede ser responsable civil subsidiario.
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