El juez sienta en el banquillo a Fuset por la muerte en Viveros y se investigará si prevaricó

No por esperado resulta menos grave: el concejal de Fiestas, Pere Fuset, se sentará en el banquillo de los acusados por la muerte del trabajador que montaba unas gradas para los conciertos de Viveros. El juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que ha llevado la investigación del suceso, ha dictado un auto por el que abre juicio al edil. Será el primer concejal, tras el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento, que sea juzgado. Además, ordena la apertura de una investigación por prevaricación al autorizar determinadas explotaciones comerciales.

La fiscalía no ha variado su postura a lo largo del procedimiento y no le acusa por homicidio imprudente. Es la acusación particular, que representa a la familia del fallecido, la que persigue penalmente al responsable de Compromís. Le pide cinco años de cárcel. Tanto el juez instructor como la Audiencia sí respaldan la existencia de indicios de criminalidad contra el edil. Consideran clave la carta de que el propio concejal envió a los organizadores del evento en la que imponía la empresa que debía instalar las gradas le convierte de facto en un 'promotor' del evento, tal y como explicaron en su día fuentes judiciales. «Tomó la decisión de su realización -se refiere a las gradas- al margen de la legalidad y despreocupándose de las medidas de seguridad para los trabajadores», llegó a resolver la Sala para responder al recurso contra el procesamiento de Fuset.

Los hechos que han dado lugar a este caso ocurrieron el 27 de junio de 2017, cuando el operario Vasile Sucala, que trabajaba en la construcción de unas gradas con capacidad para mil personas, pisó una tabla que se venció y cayó desde una altura de 3 metros, se golpeó la cabeza y falleció unos días después en un hospital de Valencia. Tenía 47 años, estaba casado y era padre de dos hijas.

El procedimiento por un delito contra los derechos de los trabajadores y un homicidio imprudente se dirige también contra otros acusados, responsables de las empresas montadores de la instalación. A todos ellos se les reclama de manera conjunta y solidaria el importe de 450.000 euros. En caso de no hacerlo, se procedería al embargo de sus bienes. En los primeros casos, el seguro de las empresas podría hacer frente a la suma. Diferente, al parecer, es el caso del edil.

No es este el único problema para el edil. En el horizonte judicial se prevé la apertura de otra causa judicial tras la decisión del instructor de deducir testimonio para determinar si el concejal prevaricó. El juez apunta ya la posible existencia de tres situaciones cuanto menos sospechosas. La primera es la explotación «novedosa y no ofertada años anteriores» de un kiosko en el exterior del recinto a cambio del montaje de las gradas. Esto se hizo sin ningún procedimiento administrativo, tal y como apuntó en su día el instructor. Lo resumió como un «trueque o compensación ilegítima» a cambio del montaje de las gradas.

Pero, además, en el auto notificado ayer incluye también la propuesta del fiscal de conceder la explotación comercial de unas barras y cinco puestos de comida como contraprestación al montaje. Esto sí que se hacía en años anteriores porque era una manera de que los organizadores del evento pudieran sacar un beneficio económico. En cualquier caso, el ministerio público pidió que se analizara por qué las obras se efectúan calificándolo como contrato de naturaleza de servicios y no de obras y la posterior autorización para obtener una rentabilidad del negocio.

Y, por último, pone en cuestión la ya famosa carta de Fuset en la que imponía el montaje de las gradas, además, con gran premura de tiempo. Fuset remitió una carta de su puño y letra en la que trasladaba la «instalación de unas gradas por terceros que no habían participado en el proceso», es decir, «al margen de cualquier procedimiento administrativo». Fue una decisión «personal» del edil, recogía la resolución de la Audiencia.

El procedimiento por prevaricación se abrirá en otro juzgado diferente. Una de las primeras diligencias será la citación del edil como investigado para que aclare esta polémica decisión supuestamente al margen de cualquier procedimiento.