La jungla de los patinetes en Valencia

¿Cuál es la mejor fórmula? En realidad una combinación de varias. La portavoz de Stop Accidentes, Ana Novella, señaló que el primer aspecto a tratar es la necesidad de una identificación de los vehículos, bien sea a través de una matrícula o un número de registro. El motivo no es otro que facilitar la investigación en caso de atropello a un peatón, uno de los siniestros frecuentes, en caso de huida.

Novella también habló de la obligación de la Administración de reforzar el control de la edad de los usuarios, por el riesgo de que menores de 16 años utilicen estos vehículos de movilidad personal, lo que está prohibido. También destacó como un perjuicio la ausencia de un seguro obligatorio, algo que posiblemente cambiará este mismo año a tenor de los últimos criterios de la Dirección General de Tráfico.

En cuanto a la formación en seguridad vial, lo consideró como algo «imprescindible». En su opinión, igual unas «prácticas no hace falta, pero sí unas normas básicas de conducción. No todo el mundo tiene conocimientos antes de coger un patinete y eso es peligroso».

En la misma línea, la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, reclamó que haya más formación en seguridad vial, para recordar que la entidad se opone al permiso que otorga la ordenanza de Valencia a la circulación de bicicletas y patinetes en calles y plazas peatonales.

«Es necesaria la identificación de los patinetes, sea como sea, porque la huida en caso de atropello es demasiado fácil. En unos segundos desaparecen si quieren y dejan al peatón tirado en el suelo», consideró. Broseta añadió la conveniencia de que «todo el mundo tenga las ideas claras, tanto los usuarios de estos vehículos como los peatones, acerca de los derechos y obligaciones que tienen».

El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, destacó este miércoles su apoyo a una matrícula o registro, además del seguro obligatorio. De esto, consideró, derivaría un censo de vehículos para determinar el número que hay en Valencia y tomar las medidas más adecuadas. En esto coincidió Broseta al señalar que toda la «información que se disponga será muy útil, como las zonas más transitadas o los perfiles que predominan entre los usuarios».

El presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz, se mostró pesimista respecto a esta última cuestión. «La identificación está prevista en la Ley de Seguridad Vial, lo mismo que la obligación de llevar casco, que Tráfico decidió dejar en suspenso», algo que dijo no entender el motivo.

En cuanto a la formación en seguridad vial, señaló que es «cero» en algunos casos, lo que aumenta lógicamente el riesgo de accidentes. «Lo que debe entender primero el usuario de patinete es que debe hacerse ver porque a la velocidad que van, el conductor de un coche es imposible que los vea en algunas ocasiones», incidió.

Por esta razón, señaló que en un cruce, los que llevan un vehículo de movilidad personal «deben tener la certeza de que los han visto. Lo contrario es muy peligroso porque incluso la bicicleta tiene algo de protección en un choque. El usuario de patinete no tiene nada, sólo su cuerpo». Muñoz insistió en que la moratoria sobre el uso del casco «no tiene sentido, el reglamento lo debe incluir porque no tiene ninguna alternativa. Un casco es un casco, sólo puede cambiar el color», ironizó el experto.

En el caso de Valencia, la obligación depende de la potencia del motor del patinete, lo mismo que el lugar por donde pueden circular, el carril bici, una calle 30 o una peatonal, donde deben convivir con los peatones.

En cuanto al seguro obligatorio, animó a los usuarios a que sondeen los precios en el mercado. «No son caros, hay de bicicleta por 12 euros al año», aseguró, aunque en el caso de los patinetes eléctricos dudó que existan estas tarifas debido al incremento de accidentes desde que aparecieron como nuevo modo de circulación.

Broseta añadió que unas normas «básicas son fundamentales para resolver este problema y muchos otros», en referencia a la circulación en las aceras, una de las lacras que se mantiene pese a que la ordenanza de Valencia lo prohíbe sin ninguna excepción, salvo los que se consideran un juguete para los menores de ocho años.