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La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha desvelado este viernes que la Generalitat ha admitido a trámite la denuncia de esta formación y ha abierto una investigación por la Cabalgata de Reyes que organizó el Consistorio de Ribó el 5 de enero y provocó aglomeraciones el mismo día que se registraban 85 fallecidos y se cerraba la hostelería.
«La Generalitat ha tardado cuatro meses en abrir esta investigación y pedimos celeridad porque las Administraciones deben dar ejemplo. No se pueden exigir a los ciudadanos, a los hosteleros y comerciantes sacrificios y cumplan las medidas de seguridad, si cuando el que comete la infracción es una administración queda impune», ha afirmado.
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La edil ha destacado que desde el PP «vamos a seguir exigiendo responsabilidades políticas porque la cabalgata fue una imprudencia de Compromís y PSPV que debe tener sus consecuencias ya que se puso en peligro a mucha gente en un momento que el virus estaba desbocado».
El Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias ha acordado «dar prioridad y urgencia a la tramitación de la denuncia» a la vista del contenido de la denuncia (ámbito material, de orden público, repercusión y alarma social derivados de la pandemia).
Asimismo, ha acordado «el inicio de actuaciones previas al objeto de determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motiva o en su caso la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran.»
En este sentido, Catalá ha explicado que la «Generalitat ha pedido información al Ayuntamiento de Valencia» y ha preguntado sobre el dispositivo adoptado para el cumplimiento de las medidas aplicables en materia de prevención frente a la Covid-19, el Plan de Contingencia, si hubo comunicación a las autoridades sanitarias del acto.
Por otra parte, la portavoz del PP ha recordado que también se ha denunciado a la Agencia Antifraude la contratación de esta Cabalgata en la que Ribó se gastó 40.600 euros con cuatro contratos menores, y a través de una contratación exprés en la que se solicitó a presupuestos a empresas que comparten administradores y con vinculaciones con Compromís.
En la denuncia presentada por el PP se comunicaba una posible limitación de la efectiva competencia ya que tres de las empresas que presentaron presupuestos tenían vinculaciones entre sí, dos de las ofertas estaban firmadas antes que el Ayuntamiento pidiera el presupuesto y además excedía su oferta el límite de contrato menor por lo que irremediablemente la adjudicación recaía en la empresa de un miembro de Compromís.
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