Mapeo para detectar los apartamentos turísticos ilegales en el Cabanyal-Canyamelar

Este es el siguiente paso que van a adoptar después de que este martes decidieran ampliar la suspensión de licencias que se estaba aplicando en el resto de la ciudad (salvo en Ciutat Vella y Cabanyal, que tenían planes y medidas propias) al barrio marinero, ya que tras la moratoria general, se estaba produciendo una avalancha de solicitudes de licencias en esta zona más próxima a la playa.

Tal como ha expresado Catalá, «vamos a monotorizar todo el barrio y a hacer una fotografía real de la zona para saber la realidad de los apartamentos turísticos de la zona y trabajar en la dutura regulación». Y es que no hay que olvidar que el Ayuntamiento de Valencia trabaja en crear una normativa que regule los apartamentos turísticos y plazas hoteleras, pero mientras tanto, el pasado mes de mayo ya aprobó una moratoria o suspensión para que no hubiera un efecto llamada de presentación de licencias.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también ha detallado a los representantes de la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyameral que la moratoria «de apartamentos turísticos y hoteles en el barrio afecta a 298 plazas turísticas solicitadas en los dos últimos meses».

Por tanto, esa es la cifra de plazas que se habían solicitado sólo en sesenta días y que han conseguido paralizar por la moratoria.

Además, según comentaron a los vecinos, desde Urbanismo les informaron en una anterior reunión que habían empezado el proceso para proceder al cierre y corte de los suministros de agua y luz de apartamentos ilegales, una medida que se adopta después de que el Ayuntamiento de Valencia se haya adherido a la cesión de estas competencias que firmó el pasado jueves el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con la concejala Julia Climent, en un acto en Fitur.

Todos estos datos se han dado a conocer después de que los vecinos expusieran en anteriores reuniones a responsables del Ayuntamiento que sólo en el Cabanyal-Canyamelar hay 600 apartamentos turísticos ofertados y registrados en la Generalitat. Como había recordado uno de los portavoces vecinales, Vicent Gallart, «sólo en el distrito 11 hay 800 apartamentos registrados en la Generalitat que funcionan con una simple declaración responsable y de esa cantidad, 600 están en el Cabanyal-Canyamelar, pero hemos que al menos 300 no cuentan con licencia municipal».

El mapeo que anuncia Catalá servirá para que los vecinos conozcan cuántos hay en total en el barrio, cuántos funcionan de forma ilegal y también servirá de base para las actuaciones municipales.

Y es que, como ha añadido Catalá, «la limitación del 10 % del Plan Especial del Cabanyal de apartamentos turísticos por manzana, que dejó el anterior gobierno municipa ha provocado una proliferación de solicitudes que era necesario frenar. Vamos a monitorizar todo el barrio y hacer una fotografía real de la zona para saber la realidad de los apartamentos turísticos de la zona y trabajar en la futura regulación».

La alcaldesa ha añadido: «Para nosotros estar con los vecinos de los barrios y atender sus solicitudes es lo más importante. En toda la ciudad hay una preocupación, especialmente en la fachada marítima, sobre la proliferación de apartamentos turísticos».

Acto seguido ha querido dejar claro que la «vivienda es el núcleo de acción más importante de la legislatura, generar vivienda en los barrios para los vecinos es una de nuestras claves y hay que saber combinar la oferta turística de calidad con los barrios que sigan siendo lo que son, donde haya comercio tradicional y vecinos».

Asimismo, la alcaldesa ha señalado que el control de apartamentos ilegales iniciado por el actual gobierno del Ayuntamiento, sigue en marcha con inspecciones continuas en todos los barrios de la ciudad, con especial incidencia en aquellos que tiene más demanda turística. Cinco grupos de inspectores de la concejalía de Urbanismo y siete grupos de Policía Local se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de los apartamentos turísticos ilegales.

Además, la División Territorial de la Policía Local de Valencia, que coordina las siete comisarías de Proximidad de la ciudad, ha realizado 620 actas-denuncia de inspección a pisos turísticos. La mayoría de estas denuncias se interponen «Por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad». En este último año, los agentes han realizado 620 denuncias, frente a las 84 que se pusieron en el año 2023 o las 73 del año 2022.

El incremento de las actas denuncia a los apartamentos turísticos responde, tal y como ha explicado este miércoles la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, responde al «trabajo intenso» de los cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y de los siete grupos de Policía Local, uno por cada distrito policial, que se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de apartamentos turístico ilegales.

El distrito de Tránsitos es el que más denuncias ha realizado con 166, seguido del Marítimo con 118, Patraix con 112 y Ciutat Vella con 110. La mayor parte de estas inspecciones nacen gracias al trabajo de proximidad que se lleva a cabo desde las diferentes comisarías.

Una vez conodidos estos datos, desde el gobierno local aclaran que la proliferación de apartamentos turísticos «se inició en el año 2015 con la llegada al gobierno municipal de Ribó y PSOE, desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos. Además, con la peculiaridad, que este mismo gobierno de izquierdas en el año 2018 aprobó un cambio el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos, hasta la fecha estaba prohibido destinar a viviendas bajos comerciales de la ciudad».