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La orden dada este martes por el Ayuntamiento de Madrid a las empresas de alquiler en la calle de patinetes eléctricos, al no distinguir en su aplicación las zonas prohibidas para la circulación de estos vehículos, podría tener cierto paralelismo en Valencia, donde la multinacional Lime firmó hace escasas fechas un acuerdo con el Consorcio Valencia 2007, entidad gestora de la Marina, con el que se repartirán 250 de estos apartados durante tres meses en la dársena interior y otras zonas del recinto.
El sistema no se ha puesto en marcha, aunque fuentes de la entidad indicaron las dificultades de poder controlar que los patinetes eléctricos se queden dentro del recinto y no salgan al entorno, por ejemplo al paseo marítimo.
Subrayaron que «no se va a poder impedir que el patinete salga de la Marina, pero sí intentar controlar que esto no suceda». En la aplicación sí que se indica que el uso está restringido al área de la dársena, al contrario del caso de Madrid, pero otra cuestión muy diferente es que los usuarios respeten esa norma.
De ahí que se maneja la opción de que la empresa Lime ponga vigilantes que harán rondas por el recinto marítimo, para advertir a los usuarios que incumplan la norma y recordarles que se trata de una prueba piloto dentro de la Marina. Esto último no fue confirmado por la empresa, que ya intentó trabajar en Valencia hace unos meses. La falta de regulación obligó al Consistorio a ordenar a la Policía Local el decomiso de los vehículos, ya trasladados al almacén de la empresa para Valencia tras el pago del depósito. Está pendiente el abono de una multa millonaria de 30.000 euros.
Los patinetes eléctricos sí que llevarán incorporado un GPS para poder localizarlos, la práctica habitual para el alquiler sin base fija de este medio de transporte personal. Esto podría servir para detectar a los que se salgan de la dársena, aunque sería con posterioridad.
La circulación de patinetes eléctricos, en la vertiente de alquiler en la calle, está pendiente de la aprobación de una licencia y una tasa por parte del Consistorio. Tanto el concejal de Dominio Público, Carlos Galiana, como el de Hacienda, Ramón Vilar, han mostrado su disposición a que este proceso sea rápido, aunque todo depende de la emisión de un informe del servicio de Movilidad, que debe decidir el número máximo de coches, motos y patinetes eléctricos compartidos pueden alquilarse sin base fija. La asociación AEMUS, que aglutina a varias empresas del sector, reclamó recientemente celeridad para este trámite.
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