El lío de la Marina de Valencia se complica aún más

El toque llega precisamente en una semana en la que el alcalde Ribó confía en reunirse con la secretaria de Estado de Transporte, Isabel Pardo de Vera, seguramente el miércoles, para aclarar el modelo de gestión de la dársena a partir del próximo año. Las cuestiones a aclarar son numerosas y el futuro del personal es la más urgente.

Fuentes municipales recordaron que los presupuestos del Ayuntamiento de 2023 reservan una partida de 4,8 millones de euros para la Marina, donde las nóminas se llevan 830.000 euros. Ahora bien, señalan que es necesario acordar una solución provisional con el Ministerio de Transporte y los plazos son muy cortos.

Del presupuesto citado, la aportación municipal se eleva a tres millones, mientras que los ingresos por las concesiones previstos alcanzan los 1,8 millones de euros. La voluntad del Consistorio es asumir la gestión de la parte patrimonial, lo que no esté en dominio público portuario, a la espera de un pacto para la creación de una nueva entidad.

Las mismas fuentes señalaron que el propósito es que el Consistorio y la Generalitat sean instituciones socias, en un proyecto donde no se pondrá ningún impedimento a la entrada de la Autoridad Portuaria. La cuestión es que la secretaría de Estado ha descartado la cesión de la lámina de agua y los amarres al Consell, mientras que tampoco ve oportuno iniciar el proceso de desafectación pedido por el alcalde Ribó del dominio público portuario, con el fin de que sea cedido a la ciudad.

Y en este horizonte tan difuso se cruza el futuro de la plantilla. «Aunque todas las administraciones han manifestado al personal su compromiso para que continúen trabajando como hasta el momento, a partir del 1 de enero de 2023 la autorización que tiene el Consorcio 2007 dejaría de tener validez, sin que pueda volver a solicitarla por estar en proceso de disolución», indican desde CCOO.

«Todavía nadie ha manifestado a la plantilla que vaya a formar parte de alguna de las administraciones públicas que forman el Consorcio Valencia 2007, hecho que se contradice con toda la buena predisposición y compromiso que habían mostrado», añaden. El sindicato ha solicitado reuniones con el Ayuntamiento y la Conselleria de Política Territorial para «concretar y aclarar la situación de los empleados, sin haber obtenido respuesta hasta el momento».

Por este motivo, desde CCOO se insta a un «acto conjunto de responsabilidad del Ayuntamiento y Generalitat para que lleguen a un acuerdo que defina el futuro de los trabajadores, que también podría afectar al interés general de la ciudadanía si no se gestiona correctamente».

«Actualmente, es imposible que el Ayuntamiento y la Generalitat, en tan corto plazo hasta el 31 de diciembre, puedan generar una nueva empresa pública. Tampoco llegarían a tiempo con la segregación, adscripción y posibles convenios interadministrativos», opinan.

A juicio de CCOO, la opción para poder seguir con una autorización del uso del dominio público marítimo terrestre de hasta tres años, hasta dar con una solución definitiva, es que los trabajadores «continúen como empleadas y empleados públicos, con sus funciones actuales».

El sindicato mantiene que, si no se garantizan los puestos de trabajo en alguna de estas administraciones públicas, no descarta «iniciar movilizaciones en defensa del empleo público, por el mantenimiento de las 26 personas y sus familias».