El ministro de Transportes quiere ser el azote de Catalá

Empezando por los últimos acontecimientos, el mismo día en el que la alcaldesa inauguraba la Semana del Clima, uno de los eventos más importantes de la Capitalidad Verde Europea, el Ministerio de Transportes remitió un requerimiento formal de información al Ayuntamiento de Valencia acerca de la reversión del túnel de Pérez Galdós. Esta toque de atención era la segunda iniciativa similar en apenas dos semanas tras el anterior choque de versiones sobre la superisla de La Petxina. Desde el grupo municipal socialista utilizaron este anuncio para prender la mecha de la polémica en forma de advertencia pues, según el PSPV, el Consistorio se enfrenta a una posible multa de hasta nueve millones de euros por actuar sin consultar al Gobierno y poner en duda las bases de las subvenciones europeas concedidas a los proyectos de recuperación del espacio público.

Catalá salió al paso ante estas acusaciones alegando que la supresión del túnel de Pérez Galdós «se envió a Europa sin los informes técnicos oportunos» y que la corporación municipal de Compromís y PSPV «hizo un fiasco de proyecto que era inviable desde el punto de vista económico y técnico». La alcaldesa aprovechó para lanzar un dardo velado a Transportes en el que invitaba a los miembros del departamento ministerial encabezado por Puente a «tener la lealtad institucional de avisar al Consistorio en su próxima visita ya que no lo hicieron la anterior vez con La Petxina». Según la primera edil, en aquel momento, el Gobierno recurrió a sus «correveidiles valencianos», es decir, al grupo municipal socialista, para avivar la controversia en torno al proyecto de urbanismo táctico impulsado por Sandra Gómez durante la anterior legislatura.

La alcaldesa reabrió así la 'caja de Pandora' en la que se ha convertido la supermanzana de La Petxina, un diseño urbanístico por el que el ministerio requirió información al Ayuntamiento por primera vez hace un par de semanas. En esta caso, las sospechas de Transportes vinieron motivadas por las modificaciones en las que se recuperaron 27 plazas de aparcamiento a costa de zonas de carga y descarga y del espacio peatonal pensado para la ampliación de las terrazas que, sin embargo, nunca había sido ocupado.

No obstante, todo este embrollo dio comienzo con el mensaje publicado por el secretario general de Movilidad Sostenible del ministerio de Transportes, Álvaro Fernández Heredia, en la red social X (antes Twitter) solicitando información al Consistorio valenciano sobre la obra de urbanismo táctico de La Petxina advirtiendo a su vez de que este tipo de proyectos «deben mantenerse sin ser modificados durante 5 años y están afectados por el principio de 'no causar perjuicio significativo al medio ambiente'». De nuevo, el grupo municipal socialista esgrimió que el Ayuntamiento había recibido una solicitud formal por parte del ministerio y que Valencia se exponía a tener que pagar un montante de 3,5 millones de euros para devolver el importe de 1,2 millones provenientes de la subvención europea y otros 2,3 en concepto de multa. A diferencia de la misiva recibida sobre el pasaje de Pérez Galdós, en aquel entonces desde el Consistorio contestaron que no se había recibido ningún documento formal y que sólo se había producido una llamada telefónica entre un técnico ministerial y personal del área municipal de Fondos Europeos.

Asimismo, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, aseveró de manera tajante que las modificaciones acometidas en La Petxina «no comprometen ni un solo euro de fondos europeos». Fuentes del Ayuntamiento recuerdan que la superisla de Consell de Cent, llevada a cabo por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau mediante una subvención comunitaria de 25 millones de euros, acumula tres sentencias judiciales en contra y ni el ministerio ni el propio Óscar Puente se han pronunciado al respecto. Las mismas fuentes del Consistorio valenciano se preguntan por qué Transportes muestra «agresividad contra la ciudad de Valencia y permisividad con la ciudad condal».

Según Efe, la justicia catalana revocó los tres ejes verdes planteados en el distrito de l'Eixample de Barcelona porque las peatonalizaciones no se podían tramitar como una obra ordinaria sino a través de una modificación del Plan General Metropolitano (PGM). La jueza instó a revertir el proceso de peatonalización y regresar a la planificación previa de las calles afectadas, hecho que obligó a iniciar una mediación con las partes implicadas. Por su parte, el alcalde de la capital catalana, el socialista Jaume Collboni, anunció en una entrevista a Radio Nacional que no se iba a desmantelar la superisla y que el Consistorio barcelonés iba a presentar un recurso contra de la última sentencia revocatoria.

LAS PROVINCIAS ha contactado con el Ministerio de Transportes para preguntar por las consecuencias que podían tener para el Ayuntamiento de Barcelona las resoluciones judiciales contrarias a la supermanzana de Consell de Cent, por el silencio mantenido en el caso del proyecto de urbanismo táctico de la capital catalana así como por la coincidencia del requerimiento formal del túnel de Pérez Galdós con la inauguración de la Semana del Clima en Valencia. Sin embargo, este diario no ha recibido respuesta a ninguna de las consultas formuladas.

El primer encontronazo entre la primera edil de Valencia y el ministro de Transportes se produjo el pasado 13 de febrero cuando Puente realizó una crítica explícita a Catalá en rueda de prensa por la eliminación de los viales ciclistas de la ciudad: «Lo que no sucede en ningún país de la Unión Europea, salvo en España, es que se destruya un carril bici para devolver el espacio al coche. Eso tiene un nombre: introducir a la extrema derecha negacionista en gobiernos. La salud no tiene color político». El ministro calificó de «rebelión» los cambios en la movilidad emprendidos por los consistorios de Valencia, Logroño, Elche y Valladolid con ejecutivos municipales de coalición formados por el Partido Popular y Vox. En las mismas declaraciones recogidas por Europa Press en su cuenta de X, Puente dijo que le tocaría verse con muchos alcaldes dentro de poco, entre los que especificó a Catalá.

A las pocas horas de ser interpelada, la alcaldesa de Valencia citó el extracto de la comparecencia de prensa ofrecida por el ministro de Transportes para achacarle que se su alegato era falso y le pidió que enmendase su comentario: «Dígame qué carriles bici en Valencia se han eliminado en favor del vehículo privado. Lo que usted dice es falso y ruego una rectificación». Hora y cuarto después, Puente dio la réplica con un «estimada alcaldesa. Mentir es pecado» acompañado de dos recortes de medios de comunicación en los que se hacía referencia a la reconversión del vial ciclista de la calle José Andreu Alabarta, en el barrio de San Isidro, en ciclocalle.

El primer choque entre alcaldesa y ministro quedó ahí y, al parecer, la llegada de las Fallas y la visita de Puente a la ciudad con motivo de la Fiesta de la Logística celebrada en el Puerto de Valencia devolvió las aguas a su cauce. El ministro, pañuelo al cuello y blusón puesto, cocinó y degustó una paella en el mismo acto en el que coincidió con Catalá y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. El 'armisticio' tuvo lugar antes de las fricciones de alto voltaje de este mes de junio. Sin embargo, la relación entre Catalá y Puente no se había tensado hasta entonces, llegando incluso a tener importantes puntos en común como la ampliación de la terminal norte del puerto de Valencia en la que ambos, ministro y alcaldesa, estuvieron presentes en el acto que oficializaba el desbloqueo de las obras portuarias.