P. MORENO
Jueves, 20 de octubre 2022, 14:29
Las multas impuestas con las cámaras situadas en el Área de Prioridad Residencial (APR) de Valencia no se reducen a pesar de la orden dada por el alcalde Ribó del refuerzo de la señalización en las zonas de acceso el pasado 22 de septiembre. El grupo popular ha desvelado el último balance, que ha supuesto una subida de 7.659 sanciones.
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En diez meses de puesta en marcha de este cierre llevan ya recaudados 1,5 millones de euros por las multas impuestas a conductores que han entrado en Ciutat Vella sin autorización, según señaló la portavoz de esta formación, María José Catalá.
El volumen de multas impuestas es de 115.362 desde la puesta en servicio de las cámaras. «Esto demuestra que no se frena la sangría de los bolsillos de los conductores y sigue sin mejorarse la señalización de la zona acotada ni se realizan campañas informativas», denunció.
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Por accesos sigue estando la calle Corona como la que más sanciones se han impuesto hasta la fecha, 29.549 sanciones y se han recaudado 400.445 euros por las multas. La calle Salvador con 27.438 multas y 359.065 euros recaudados le sigue en el ranking, cerrando el pódium la cámara situada Portal Nou con 27.447 multas y recaudados 334.880 euros. La cámara de María Cristina es la que menos multas a puesto 10.717 sanciones y recaudados 128.895 euros. Mientras los otros dos accesos la plaza Brujas se han recaudado 266.801 euros con 20.466 recaudados.
Catalá ha vuelto a reclamar el apagado de las cámaras: «los datos de cada mes siguen confirmando que se trató de una medida precipitada, sin campañas serías de información y sin consenso con vecinos y comerciantes».
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Afirmó que las campañas informativas «no funcionaron y que muchos vecinos no son conscientes de la limitación pues han aumentado las sanciones. Desde el PP pedimos menos multas y que se busquen alternativas al vehículo para el centro, pues la realidad es que hasta 15 líneas de la EMT ha dejado de llegar al corazón de la ciudad con el perjuicio que esto supone para comerciantes y hosteleros. También pedimos la prolongación de la L-10 del metro hasta el centro histórico, pero sin alternativas no puede seguir esta política de hacer caja a base de multas»,
Insistió por último en que «está claro que el gobierno de Compromís y PSPV siguen en su afán recaudatorio y prueba de ello son las multas que han interpuesto por entrar en la zona APR de Ciutat Vella, cuando se debía optado por una campaña informativa sería previa para evitar que muchos conductores fueran multados».
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