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A raíz del terrorífico incendio de Campanar hace ahora un año, las instituciones consensuaron que había que hacer una lista de edificios con elementos ... con riesgo de acelerar el fuego. Al tratarse de fincas ya construidas y no nuevas, el Ayuntamiento, la Generalitat y el Colegio de Arquitectos determinaron que debía ser responsabilidad del Colegio de Administradores de Fincas. Y esta última entidad, en un trabajo conjunto con los bomberos municipales, han realizado ese censo de unos 200 edificios con materiales y fachadas de riesgo. Se lo han comunicado a los propietarios afectados pero hasta el momento ninguna comunidad de vecinos ha realizado obras para cambiar la fachada.
Con ese estudio se pretende minimizar el potencial riesgo de que se produzca un incendio y que el fuego se extienda con rapidez por toda la finca. Pero al tratarse de recomendaciones y no de obligaciones bajo amenaza de sanción económica, algo que no pueden hacer las instituciones por este asunto, las comunidades de propietarios no han movido ficha todavía. Ni siquiera con las ayudas que ofrece el Ayuntamiento de Valencia, que subvenciona casi la totalidad del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) ha habido suerte.
Esta ayuda económica permite ahorrarse una parte del dinero de la reforma, pero la gran mayoría la tendrían que costear los vecinos. Los materiales, la mano de obra, etc supondrían la parte más gruesa de la rehabilitación y por eso ninguna comunidad de propietarios se ha interesado todavía, un año después, para pedir esta ayuda que anunció la alcaldesa, María José Catalá.
Entre las cerca de 200 fincas con riesgo de incendios por sus materiales que se encuentran en Valencia y las localidades del área metropolitana hay comunidades privadas de vecinos, pero también edificios públicos de diversas instituciones locales, autonómicas y nacionales, así como también varios hoteles, que tampoco han solicitado esta subvención para realizar reformas en sus fachadas.
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Para lo que sí ha servido ese censo es para que los bomberos tengan una base de datos con detalles prácticos y fiables sobre las zonas más problemáticas de estos edificios. Una información que les puede resultar clave si alguna vez deben ir de urgencia a apagar un incendio en estas fincas, al conocer elementos importantes, como el número de plantas, si la anchura de la calle permite la entrada de un determinado camión con escalera más o menos grande o si dispone de azotea, entre otros aspectos, que llegado el momento permitirían ahorrar mucho tiempo a la hora de saber por dónde actuar para rescatar a los vecinos y sofocar las llamas.
Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón confirman que este censo de viviendas lo han realizado junto con los bomberos municipales, con los que compartían información. Los bomberos decían si había riesgo potencial y señalaban cuáles son las zonas de evacuación y las dificultades para evacuar al personal. Y con esta información de los profesionales, desde el Colegio se fue informando a los administradores de las fincas afectadas para que comunicaran a los propietarios la situación y los riesgos existentes. Cabe recordar que este Colegio ha sido una de las 63 entidades que este pasado miércoles fue premiada por el Ayuntamiento con la Medalla de la Gratitud por su ayuda en el incendio de Campanar.
Las fachadas ventiladas, como la que tenía el edificio de Campanar, proliferaron en Valencia a partir de 1999 durante dos décadas, hasta que entró en vigor a finales de 2019 una ley más restrictiva que imponía a los edificios de nueva construcción más medidas de seguridad para prevenir incendios. El arquitecto, especialista en Patologías de Edificación y perito experto del Colegio territorial de Valencia Gabriel Ibor explica que desde 2020 «las licencias ya se adaptaban a las medidas de seguridad de la compartimetación de fachadas, son más restrictivas, pero en esos 20 años anteriores se hicieron unos 200 edificios así en Valencia», indica el experto.
Fue después del incendio que hubo en la Torre Grenfell de Londres en 2017 cuando las administraciones en toda Europa se dan cuenta de la magnitud del peligro. «En España se hace una modificación de la compartimentación de las fachadas, con restricción de materiales con alto grado de combustibilidad y humos tóxicos», dice Ibor. Esa normativa entró en vigor en 2019 y todos los edificios nuevos a partir de entonces deben cumplirla. Por eso para los ya existentes, la responsabilidad es de los propietarios, y han sido los administradores de fincas los que han canalizado esa información.
Por su parte, el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio (OBS) ha hecho un llamamiento para que dejen de usarse materiales combustibles en los edificios cuando se cumple un año del fuego ocurrido en Campanar. «En España todavía se usan materiales combustibles en la envolvente de los edificios, como en las fachadas. Es por ello que pedimos que digan cuáles son más críticos porque hay fincas, como los hospitales o una residencia, que no se pueden evacuar con facilidad», asegura a Europa Press el director de OBS, Andrés Pedreira.
Como ha precisado Pedreira, «no se puede permitir el uso de estos materiales en edificios de alta ocupación o con más de 18 metros de altura, porque el rescate en incendios de este tipo es extremadamente complicado». El director ha hecho estas declaraciones en el marco de una jornada técnica organizada por el OBS con el lema 'La visión internacional de la Seguridad en la edificación. Riesgo de la Envolvente, un año después del siniestro de Valencia', celebrada este viernes en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Expertos en seguridad, arquitectos, bomberos e ingenieros han coincidido en reclamar cambios en la normativa de la seguridad en edificios.
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