La EMT no ofrecía formación sobre ciberseguridad antes del fraude

La EMT no ofrecía formación específica sobre ciberseguridad antes del fraude. Los testimonios del presidente del comité de empresa y de dos directivos de la entidad en el juicio entre la directiva despedida tras el robo, Celia Zafra, y la empresa que dirige Giuseppe Grezzi demostraron que a la exjefa de Administración le faltaba la formación necesaria para detectar, de un vistazo, que los correos que le pedían hacer transferencias a China eran falsos. Es una de las conclusiones que se extrae del juicio celebrado ayer, que quedó visto para sentencia.

En la sesión intervinieron el presidente del comité de empresa, Gabriel de las Muelas; la jefa de Finanzas, Esmeralda Aparisi; y el jefe del área de Desarrollo de la EMT, en la que se circunscribe Sistemas, Manuel Ángel Fuentes. A preguntas de la defensa, los tres confirmaron la que fue una de las principales tesis del abogado de Zafra: que la directiva, con 38 años de experiencia en la empresa, no disponía de los conocimientos suficientes para detectar antes de que fuera demasiado tarde que estaba siendo víctima de un engaño. Fuentes aseguró que aunque no había formación específica, sí se reenvían «los correos con alertas que llegan desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe)». De las Muelas, por su parte, explicó que en los planes de formación de la empresa no aparece nada sobre ciberseguridad y Aparisi, que ella nunca ha recibido ningún curso al respecto.

La cuestión es clave porque en torno a ella pivota buena parte de la estrategia de la defensa. La EMT aseguró ayer que el despido se fundamentó en un incumplimiento «grave y culpable» del deber de custodia de documentos con datos personales del exgerente de la empresa, Josep Enric Garcia Alemany, y de la exdirectora de Gestión, María Rayón, pero la defensa cree que no se le puede achacar culpabilidad si ella no sabía cómo detectar correos falsos. En este sentido, los peritos de Telefónica que hicieron el primer informe técnico en octubre de 2019 confirmaron que el correo desde el que Zafra recibió las peticiones de transferencia es «legal», con un dominio extraño, cnmv.pw, pero legal al final y al cabo.

La letrada de la EMT intentó demostrar que la directiva ocultó información a la empresa. Aseguró que fue en eso en lo que se apoyaron para despedirla: en que cuando entregó todos los correos electrónicos intercambiados con los estafadores no imprimió dos documentos que les había remitido con las firmas de Garcia Alemany y Rayón. La abogada de la empresa, eso sí, reconoció que la actitud de Zafra fue colaboradora en todo momento, pero también deslizó la sombra de la duda sobre su papel en la estafa. «Sabemos que la línea entre el juicio laboral y el penal es muy fina. ¿Está participando en esta estafa? No es nuestra intención imputar un delito», dejó caer la abogada de la empresa en sus conclusiones.

La defensa, por su parte, argumentó que no hubo ocultación alguna. Se basó para ello en las declaraciones de los peritos de Telefónica, que confirmaron que el disco duro que recibieron estaba «incólume». «Si Celia trabajó desde el 23 –cuando se descubrió el fraude– al 27 –cuando fue despedida– de septiembre, podía haber borrado los correos y las pruebas. No lo hizo. No ocultó nada», insistió el letrado de la defensa, José Martínez Esparza. «Lo que hubo fue un error a la hora de no imprimir los adjuntos, pero sí imprimió el correo», indicó el abogado. El jefe de Sistemas de la empresa, además, reconoció que fue él quien descubrió cómo se habían hecho los estafadores con las rúbricas de Rayón y Garcia Alemany al recordar, en el transcurso de una reunión, que había un correo con el asunto «Firma». Además, Martínez Esparza hizo hincapié en que Zafra sí imprimió el correo en el que enviaba los DNI de los dos directivos. El juzgado de lo social número 1 determinará ahora si Zafra ha de ser readmitida o indemnizada o si el despido fue ajustado a derecho.