Una okupación en el Cabanyal que cuesta 6.000 euros

La situación es tan rocambolesca que entre 2018 y 2022 ya ha gastado más de 6.000 euros, entre desplazamientos, gastos legales, recibos de comunidad y reparaciones, ya que este valenciano vive ahora en Inglaterra y cada vez que tiene que dar un nuevo paso judicial para tratar de desalojar a los okupas tiene que coger un avión.

Durante estos cinco años ha tenido dos ocupaciones ilegales, «de manera que cuando ya iban a tirar a unos, metieron a familiares y vuelta a empezar en proceso legal».

Confiesa que «como mínimo me toca hacer dos viajes al año, es decir, costearme cuatro vuelos (unos 400 euros), para hacer trámites o resolver temas judiciales y todo eso sale de mi bolsillo».

A eso hay que sumar los gastos legales «y hasta la estancia en Valencia, porque como está okupada mi propiedad, cuando vengo de Inglaterra tengo que alojarme en algún sitio». Y añade que «a pesar de que no puedo hacer uso de la vivienda, sigo pagando los 10 euros mensuales de la comunidad de una finca que tiene que ir a derribo, que no tiene ni luz en la escalera, ni funciona el ascensor porque lo usan los maleantes para acumular basura». Y tampoco falta a su pago anual de 60 euros de IBI.

Antonio detalla que en 2019 ya se dictó sentencia y «les dieron un plazo de seis meses para el desalojo, pero luego llegó la pandemia por Covid y se paró el proceso». Ya en 2021, cuando iban a tirar a los primeros okupas, «tomaron el relevo los que hay ahora metidos y hubo que hacer otro procedimiento y en noviembre de 2021 ya estaba la ejecutoria, pero todavía no los han tirado».

Argumenta que «he llamado a todos los juzgados por donde ha pasado el caso y me dicen que no saben dónde está mi procedimiento y se supone que el desalojo era inminente». También comenta que le llegó una citación judicial para ir el pasado marzo a un juicio «relacionado con estos okupas, y en la citación decía que si no iba, podían multarme con entre 200 y 2.000 euros. Me desplacé desde Inglaterra y resulta que como citaban a estos okupas para otro procedimiento de un piso de propiedad pública de la misma finca, luego me dijeron en el juzgado que era un caso distinto y no me dejaron entrar e hice el viaje en balde».

Totalmente desesperado quiere que alguien le ayude a salir de esta pesadilla «porque me está consumiendo mucho dinero, tiempo y paciencia» y lamenta que «no tenemos apoyo de ninguna administración. Los propietarios de estos bloques estamos desprotegidos y ni tiran las fincas, tal como prometieron para levantar unas nuevas, ni ponen orden para evitar okupaciones».

El caso de Antonio es un ejemplo, pero son varios los particulares con pisos okupados e incluso hasta la Generalitat y la oficina Plan Cabanyal han tenido que ir a juicio por okupaciones.

De hecho, en abril Iberdrola tuvo que acudir custodiados por 38 agentes de Policía Local y Nacional para desconectar 88 tomas ilegales de luz y para sustituir la red eléctrica por una más segura para los clientes. Incluso hay vecinos que indican que en algunas casas okupadas hay gastos de luz superiores, presuntamente por el cultivo de marihuana.

No hay que olvidar que el Bloque Portuarios se ha convertido en la patata caliente de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, ya que desde 2015 el gobierno municipal venía prometiendo que se derribarían los edificios para hacer unos nuevos, pero lo único que se ha concretado es que las nuevas fincas irán en la calle Astilleros, pero no hay ni un euro para financiar el derribo de los actuales bloques, que están muy degradados.