Oltra avisa de que sólo se podrá recaudar si el Gobierno cambia la Ley de Mecenazgo

«Depende de que el Gobierno impulse una serie de cambios normativos porque afecta a una norma estatal». La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, respondió de esta manera a preguntas de los periodistas en un acto de Proyecto Hombre sobre la iniciativa del Ayuntamiento de cobrar una serie de impuestos a la Iglesia, anunciado este miércoles.

La dirigente de Compromís recordó la iniciativa del gobierno municipal el pasado año de una moción donde se instalaba al Gobierno a que cambiara la normativa de la Ley de Mecenazgo, lo que afecta entre otras entidades a las propiedades de la Iglesia católica.

La tesis de Oltra contradice lo mantenido por el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, quien reiteró ayer que los recibos se pueden girar a propiedades de entidades que hasta ahora no tributan, siempre que se realicen actividades lucrativas. La también consellera de Igualdad comentó que es una cuestión «aprobada por el Ayuntamiento, que no se refiere a los bienes dedicados al culto sino a los que tengan un rendimiento económico». Reiteró por último que «depende de que el Gobierno impulse una serie de cambios», lo que no se ha iniciado todavía en el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni en el Congreso.

El portavoz del grupo municipal popular, Eusebio Monzó, reiteró por su parte que «por mucho empeño que ponga el alcalde y los concejales del tripartito no podrán cobrar el IBI a la Iglesia por sus edificios si no se modifica la Ley que determina el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo».

En relación con la sentencia de un tribunal europeo en que se basa el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, para dar por sentado que el Ayuntamiento cobrará los impuestos a los edificios de la Iglesia, el portavoz popular advirtió de que «se trata de un caso específico sobre una reclamación de devolución del ICIO que no puede generalizarse a todos los edificios de la Iglesia, con independencia del uso que tengan, y que en ningún caso supone una derogación de la actual legislación que sólo podría ser modificada por las Cortes Generales».

Monzó insistió en subrayar la «intencionalidad política que se esconde detrás del anuncio realizado ayer por los concejales del PSPV sobre la aplicación del impuesto a la Iglesia. Dentro del tripartito hay muchos prejuicios contra la Iglesia. Muchos de sus integrantes piensan que atacando a esta institución quedan bien con sus seguidores y son más modernos, menospreciando la transcendencia social y solidaria que tiene la Iglesia».