Sólo 37 personas participan en la consulta sobre la zona de bajas emisiones de Valencia

Sólo 37 personas y 9 asociaciones han participado en la consulta que ha llevado a cabo la concejalía de Movilidad sobre la Zona de Bajas Emisiones que tiene que poner en marcha el Ayuntamiento de Valencia en 2023 en la que se ha gastado casi 11 millones de euros. Es una de las principales conclusiones de la Mesa de la Movilidad de este miércoles, donde el departamento que dirige Giuseppe Grezzi desveló que aún no sabe nada sobre la ZBE: ni ámbito de actuación ni cómo se controlará el acceso. «Tenemos que ver antes que hace Madrid o Barcelona», han indicado desde la concejalía.

«Esta consulta es una obligación por ley, pero la importante es la del año que viene», han señalado las mismas fuentes en referencia a la que se hará a lo largo de 2023 sobre la ordenanza, que se prevé que esté terminada en el segundo semestre y que se apruebe, por tanto, a finales de ese año. La previsión es empezar la elaboración en el primer semestre, cuando se harán un mínimo de tres reuniones de trabajo con las mesas sectoriales (servicio público, carga y descarga, vehículos no contamianntes...) antes de la aprobación. Previo a ella, claro, habrá un periodo de participación donde se podrán presentar alegaciones.

Movilidad espera que sea entonces cuando haya una participación más elevada, porque en la primera fase, que se extendió del 6 al 25 de julio, participaron únicamente 37 personas y 9 entidades (una de servicios de seguridad, otra de inclusión y derechos sociales, otra ecologista, dos de vehículos afectados, dos empresariales o de hostelería, una de movilidad sostenible y otra vecinal). Las aportaciones totales fueron 245. Un balance ciertamente pobre, al menos para los participantes en la mesa.

Justo Herrera y Déborah Domingo, representantes de la Universitat de València y de la Universitat Politècnica de València, se han ofrecido para actuar como prescriptores para difundir este tipo de encuestas para aumentar la cantidad de respuestas. Además, varias entidades de hostelería han asegurado que ellas participaron en su momento. «Debería haber mucho más de dos asociaciones registradas», han insistido.

Desde la concejalía de Movilidad han reconocido el fracaso: «Hemos fallado». «Lo que va a importar es la participación pública frente al texto de la ordenanza. Aquí dábamos unas preguntas pero hay poca concreción, es más difícil participar. La importante será la del año que viene», han insistido. El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha estado presente en la mesa pero no ha participado.

Sobre la propia ZBE, muchas dudas. Todas, de hecho. Movilidad espera adjudicar el contrato técnico en enero tras solucionar la baja temeraria de una empresa, pero más allá de eso, no se sabe si se aplicará en toda la ciudad ni en qué zonas («la división por zonas es porque nos obliga la ley, luego veremos cómo lo hacemos», han dicho los técnicos) ni si se vigilará con cámaras, aunque el Ayuntamiento va a instalar, entre cámaras y sensores, más de 200. Los taxistas han pedido acceso franco y la Asociación de Guías Turísticos, que se permita la entrada a autobuses turísticos previo pago de una tasa, como se hace en Italia, si fuera necesario. La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, por su parte, ha recordado que sus clientes no son sólo del centro. «Hay que tenerlo en cuenta», ha dicho su gerente, Julia Martínez.

La ZBE tiene que estar en marcha antes de 2023, cierto, pero Movilidad está a la espera de ver lo que hacen Madrid, donde tienen Madrid Central, o Barcelona. «El año que viene podremos ver cómo lo han hecho ellos y así ver cómo lo hacemos nosotros», han indicado desde Movilidad.