El Ayuntamiento demandará a la empresa que sufrió la estafa del Palacio de Congresos

El orden del día del consejo de administración del Palacio de Congresos del próximo jueves tiene cuatro puntos a tratar. En el primero de ellos se tratará una ratificación de urgencia, en el segundo se dará cuenta de la situación de la estafa a raíz de la suplantación de la identidad sufrida por la entidad, en tercer lugar se tomarán acciones legales en base al citado informe preceptivo de la Asesoría Jurídica Municipal y, por último, se hará una valoración sobre la propuesta de la presidenta de la entidad para que sea a un miembro del equipo directivo quien firme la adjudicación de un nuevo contrato del servicio de ciberseguridad para el Palacio de Congresos.

Según el escrito de los servicios jurídicos municipales, «se deduce que la responsable de la compañía Gesem Consultores Legales y Tributarios S. A. no debió haber hecho las gestiones que hizo, sin autorización expresa por parte del director administrativo financiero, manteniendo una vía de comunicación con el operador fraudulento al no haber realizado las necesarias comprobaciones». Este cúmulo de circunstancias, «conllevó a cambiar el número de cuenta a la que se hizo el pago incorrecto (...) y posteriormente preparó una remesa de pagos de facturas erróneas pasándosela a la firma del director financiero y a la directora gerente».

Asimismo, la asesoría legal del Ayuntamiento tomará las acciones de reclamación contractual de los daños y perjuicios de la estafa tanto a la mercantil encargada de la contabilidad y los pagos «como a cualquier otra entidad vinculada a los citados hechos que se pueda considerar incursa en algún tipo o grado de responsabilidad», como pueden ser las aseguradoras y las entidades financieras.

Antes de adjudicar y poner en marcha el nuevo plan de ciberseguridad del Palacio de Congresos, proyecto valorado en 60.000 euros (72.600 con IVA) y de un año de duración, el consejo deberá dar el visto bueno a una propuesta formulada por la actual directora gerente sobre la empresa propuesta como adjudicataria. Sylvia Andrés ha manifestado tener «cierta amistad con la gerente de la compañía Civired por lo que ha considerado preferible «no firmar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés» que otorgaría el servicio a la firma adjudicataria. Es por ello que la propuesta realizada es que el consejo de administración designe dicha potestad de la rúbrica sobre el responsable de asuntos jurídicos de la entidad, Juan Antonio Peña Bellver.

Andrés basa su propuesta en que la directora gerente será sustituida en caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legítimo por aquel empleado/a de la entidad que, a propuesta de la Presidencia, determine el Consejo de Administración. En el caso actual, la ejecutiva se escuda en la figura de «impedimento legítimo» para no firmar la declaración.

El pasado 25 de julio se publicó el informe de necesidad de un contrato de ciberseguridad para el Palacio de Congresos en la Plataforma de Contratación del Sector Público «con el fin de implementar un sistema de gestión unificada de amenazas (UTM) y la implementación de sistemas de monitoreo integral para todos los racks de comunicaciones IT y la electrónica de red asociada, asegurando el cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), así como la implementación de medidas de securización física y un plan de ciberseguridad anual completo». De hecho, en uno de los apartados aparece de manera textual que se pretende «vigilar las transacciones para evitar el fraude».

Cabe recordar que se pudo recuperar un montante del 25% del dinero robado, es decir, una cantidad cercana a los 47.000 euros gracias a la entidad bancaria. No obstante, todavía faltan por devolver a las arcas municipales casi 153.000 euros.

Desde Compromís lamentan que Catalá haya tardado un mes en iniciar acciones legales para recuperar los dineros estafados en el Palacio de Congresos y la edil Eva Coscollà ha exigido «que investigue a fondo la cadena de errores y se depuran responsabilidades políticas» ante lo que parece «una clara falta de diligencia de los directivos del Palacio de Congresos».

Sobre la convocatoria extraordinaria y la contratación de un servicio de ciberseguridad, la coalición valencianista comenta que este último hecho «evidencia que se ha actuado tarde y mal» en este caso y alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas. A raíz de las informaciones publicadas por LAS PROVINCIAS relativas al protocolo interno y las alertas antifraude, Coscollà ha recordado que Compromís «ya advirtió sobre errores en materia de ciberseguridad y ahora se demuestra que era cierto porque contratan a una empresa especializada para mejorar la protección en esta materia».