El patinete, ante un 2019 lleno de dudas

Son tan comunes en el paisaje urbano que es posible que para el lector ya empiecen a pasarle desapercibidos. Pero lo cierto es que la llegada de la Navidad ha supuesto la auténtica explosión de los patinetes eléctricos, que comienzan a enseñorearse de las calles de la ciudad y amenazan con convertirse en los protagonistas absolutos de la movilidad de Valencia. Con unas ventas en grandes superficies que prácticamente se triplican, entre el Black Friday y el día de hoy, las dudas sobre su circulación y el marco normativo siguen muy presentes en vecinos y usuarios, que conviven en el día a día con estos vehículos.

Y es que el Ayuntamiento de Valencia llega muy justo, si no directamente tarde, en la elaboración de la nueva ordenanza que ha de regular la circulación de los patinetes eléctricos. El Consistorio pretendió siempre incluirá en la nueva norma sobre movilidad, pero esa revisión requería mucho más trabajo.

Con ese trasfondo, llegó verano y la empresa estadounidense Lime desembarcó en Valencia con docenas de patinetes que podían circular hasta a 24 kilómetros por hora. Se aprovecharon de un limbo legal y se dispararon las preguntas: ¿por dónde pueden circular? ¿Dónde se aparcan? ¿Pueden ir por el carril bici? ¿Y por la calzada? Pero las preguntas se replicaban también en Tabacalera: ¿qué tipo de impuesto han de pagar, si es que han de pagar? ¿Dónde se aparcan? La sorpresa llegó cuando se supo que ninguna de estas cuestiones tenía respuesta, así que el Consistorio tuvo que prácticamente improvisar unas normas que derivaron en la retirada de los vehículos a finales de verano.

Pero la llegada de los patinetes eléctricos ya era imparable. Por eso desde la concejalía de Movilidad Sostenible se apresuraron y en octubre presentaron la nueva ordenanza, que asumía las directrices de la DGT de 2016 sobre estos vehículos (los divide en tres categorías, siendo los de Lime los más utilitarios) y marcaba que pueden circular por zonas peatonales a 10 km/h, aceras bici hasta a 15 km/h y por carriles bici a 20 km/h, y en ningún caso por las aceras. La ordenanza aún no se ha aprobado y ha sido objeto de cientos de alegaciones por parte de vecinos (que quieren expulsar a los patinetes de las zonas peatonales), comerciantes y partidos políticos, pero las bases para la circulación de estos vehículos ya están sentadas.

Así se ha llegado a Navidad. Tiendas como Tupatin en Ruzafa han experimentado un aumento de ventas de más del 50%, pero en grandes superficies como El Corte Inglés se han llegado a triplicar. «Hemos superado el millar de patinetes vendidos» entre el 23 de noviembre y Navidad, según explican fuentes de El Corte Inglés, que apuntan que los más vendidos van entre 199 y 899 euros. Estos últimos son modelos de alta gama de la marca suiza Micro (fabricante de referencia de patinetes tradicionales), «que son los realmente fiables sobre asfalto mojado», indican desde el centro comercial.

Con esta «invasión» de patinetes, llegan las protestas de vecinos y usuarios, que se han posicionado claramente en contra de que estos vehículos a motor (un matiz muy importante) puedan convivir en el mismo espacio de los peatones. De hecho, desde algunas entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia han alegado para expulsar a los patinetes de las aceras. Es una opinión en la que coincide Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores: «Compartimos la opinión de la Federación, de la Policía Local y del grupo socialista ya que creemos que las aceras tienen que ser para el peatón y para colectivos con problemas de movilidad siempre y cuando no vayan con vehículos adaptados». «Además apoyamos también al Cermi y la ONCE, para quienes los patinetes en las aceras supondrían un problema añadido», explica Inglada. «Creemos que hace falta educación vial en estos aspectos y tal como pedimos el Ayuntamiento debería hacer campañas de concienciación de utilización de cascos y de utilización responsable de estos nuevos vehículos», insiste el secretario de la Unión de Consumidores, que apunta que en su opinión «las empresas concesionarias» de los servicios de alquiler de patinetes «deberían destinar una parte de sus ingresos a campañas de concienciación ciudadana y tienen que tener seguros de responsabilidad civil. Además, deberían comprometerse a no utilizar los datos de sus usuarios de las aplicaciones para vender los usos y costumbres de la población».

Esta cuestión, la de los seguros, ha levantado también polvareda. La primera edición de la normativa de Grezzi no incluía ninguna referencia a la recomendación o obligatoriedad de que usuarios de bicis o patinetes contraten un seguro. De hecho, es una cuestión que solivianta a los usuarios del sector, que creen que este requisito, como el del uso de casco, podría desincentivar el uso de este tipo de vehículos. Sin embargo, posteriormente a la presentación de la norma, tanto la DGT como el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistieron en la necesidad de obligar a los usuarios de bicis y patinetes a llevar seguro de responsabilidad civil. Marlaska pidió no olvidar que los conductores de patinetes y bicicletas pueden convertirse también en «victimarios», causando daños serios a terceras personas, como los peatones, y planteó la necesidad de que la ley tenga que exigir un seguro, «una garantía de que la víctima de cualquier tipo de siniestro causado por estos vehículos también quede perfectamente cubierta». Tras estas declaraciones del ministro a finales de octubre, la DGT desveló en noviembre que está trabajando en un real decreto que permita homogeneizar las ordenanzas municipales y que impedirá a los patinetes ir por las aceras, circular a más de 25 km/h y rodar por las calles de la ciudad sin un seguro de responsabilidad civil.

Esta cuestión parece que sí aparecerá finalmente en la ordenanza, después de que el viernes Compromís emitiera un comunicado en el que apuntaban que estaban «en sintonía de nuevo» con el grupo municipal socialista en este tema. El PSPV del Consistorio, con la primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, a la cabeza, hizo públicas esta semana sus alegaciones a la ordenanza, entre las que figura precisamente recomendar a los usuarios de bicis o patinetes que contraten un seguro de responsabilidad civil.

Asimismo, Compromís veía con buenos ojos la creación de un registro de estos vehículos en el Ayuntamiento, con número de bastidor, modelo y color de los ciclos, para así poder identificar debidamente al infractor o ayudarle a encontrar el dispositivo si le es sustraído. Compromís recordó, eso sí, que las competencias para la creación de ese listado corresponden a Protección Ciudadana, delegación que gestiona Anaïs Menguzzato, del mismo grupo socialista.

En cualquier caso, estas limitaciones a la velocidad y a la zona de circulación de los patinetes podrían ser difíciles de vigilar. Tal como ha publicado puntualmente LAS PROVINCIAS, los sindicatos de la Policía Local de Valencia ya han advertido en varias ocasiones de lo complicado que será controlar las velocidades a la que circulen los patinetes. «Si no tenemos apenas personal para montar controles de velocidad para los coches, como para ponernos a controlar los patinetes», según han explicado varias veces fuentes policiales.

Los vecinos encaran 2019 con la esperanza de que la nueva ordenanza «tenga en cuenta» los vehículos de movilidad personal. «Ahora circulan libremente sin cumplir ninguna normativa específica ya que sólo deberían circular en zonas de skate», explica Tania Cortés, vocal de Movilidad de la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Urgen a que una normativa municipal aclare la situación, y solicitan que esa reglamentación se extienda a otros vehículos como las bicis: «Estaría bien que cumplieran las mismas normas que las bicicletas, sin olvidar que las aceras y las zonas peatonales deben de ser para los viandantes». Cortés asegura que desde la entidad vecinal creen que el patinete eléctrico «es una buena opción de transporte no contaminante que necesita ser regulada cuanto antes».

A Stop Accidentes le preocupa el aumento de accidentes provocados por patinetes eléctricos, más de un 50% desde después del verano en Valencia capital hasta alcanzar la cifra de 50, cuando el año pasado fueron apenas cinco. «Es una cuestión que nos preocupa, sobre todo porque vemos que no respetan el ir por el carril bici. Circulan por donde quieren y a una velocidad excesiva la mayoría de las veces», explica Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes. «Si ocurre cualquier cosa, atropello, caída de peatón... a no ser que se haya parado el conductor del patín, no hay forma de tener datos de la persona que lo lleva. Es algo que urge aclarar», solicita la dirigente de la plataforma nacional por la seguridad vial.

Desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), su presidente, Fernando Móner, insiste en que los patinetes eléctricos no son un juguete. «Es un elemento de movilidad que puede causar graves accidentes. En los últimos meses ya hemos visto algunos incluso mortales. Es primordial que se den indicaciones de cómo se deben manejar y en qué condiciones, y hay que saber que se pueden provocar accidentes», indica Móner, que hace hincapié en la importancia de que los ayuntamientos «aclaren de manera definitiva los lugares por donde tienen que ir este tipo de artículos, las velocidades máximas y el tema del seguro de responsabildad». Móner, eso sí, es optimista con el futuro de los vehículos de movilidad personal: «Se trata de que una oferta más para los ciudadanos pero no ha de convertirse en un regalo para los niños».

Nacho Mas representa a la Asociación Valenciana de Startups, en cuyo seno ha nacido Aemus, una entidad que engloba a seis empresas dedicadas a la movilidad sostenible y al concepto de alquiler de vehículos como los patinetes eléctricos. En la asociación se encuentran MyrentGO (alquiler de motos), CarGreen (de coches) y Koko (de patinetes), entre otras. Mas explica que desed la entidad solicitaron una reunión «con las tres concejalías de las que dependemos para poder operar (Movilidad, Hacienda, Vía Pública)», recibiendo la callada por respuesta. «La ordenanza no fija ni las tasas de ocupación, ni la capacidad máxima de vehículos compartidos por lo que no es suficiente para que nuestros socios de patinetes y carsharing puedan operar», lamenta el dirigente de Aemus.