El patrimonio histórico de Valencia, una lucha que no acaba nunca

Endurecer su aplicación, matiza Diana Sánchez. ¿Ahora no se aplica? No, se considera como si fuera una tontería, cosa de niños y no se le tiene muy en cuenta, destaca la arquitecta. ¿Por la imposibilidad de hacerlo? «No, por vagancia del Ayuntamiento, que no da orden a la Policía de que guarde el patrimonio», apunta el arquitecto Miguel del Rey.

«Sólo interviene la autonómica, el grupo de Patrimonio porque la Policía Local tampoco tiene un grupo», desvela Guardeño. «Elche, Granada o Valladolid, hay muchas ciudades que tienen grupos policiales que actúan contra estos delitos», apostilla, para diferenciar lo que son delitos contra el patrimonio de vandalismo contra el mobiliario urbano.

Del Rey asegura que la ley es ambigua. «No estoy de acuerdo en cómo está configurada. Tu declaras un Bien de Relevancia Local, de segundo nivel podríamos decir. El Ayuntamiento dice con esto que es un bien de la sociedad, pero no hace nada, lo deja en manos del propietario para que resuelva todos los problemas, con el agravante de que cualquier cosa que haga pondrá pegas», señala, pero la Administración «no hace nada para proteger algo que ella mismo ha dicho que es de relevancia local. Ocurre muchas veces con las alquerías, ahora fuera de contexto en ocasiones porque no funcionan como explotaciones ganaderas ni agrarias. Entran entonces en obsolescencia y es muy difícil mantenerla porque no generan ningún beneficio, sólo gastos».

La solución no pasa en que la compre el Ayuntamiento, precisa, pero sí algún tipo de ayuda o desgravación fiscal, dice Del Rey. «El IBI», cita Sánchez. El arquitecto recuerda que el Plan de Acción Territorial de la Huerta permite otros usos como hoteles. «Es la única manera de preservar ese patrimonio. La ley tiene ahí una laguna», dice.

«El problema es que las subvenciones sólo se dan a entidades públicas. Me han pasado casos de molinos que los propietarios privados no pueden acceder a las ayudas si no hacen algún tipo de cesión al Ayuntamiento, de uso o venta», comenta Sánchez. «Se encuentran con que quieren mantenerlos pero no pueden hacerlo», lamenta.

«Hay una desconexión total en la ley con el patrimonio y eso está afectando mucho», apostilla Del Rey. «Os cuento un caso personal, mi familia tiene una alquería del siglo XVIII que está cerca de una autopista. No os podéis imaginar los problemas que tenemos para rehabilitar porque parte de la masía está dentro de la zona de afección de cien metros de la carretera, que es posterior. Estas cuestiones tienen que salvaguardarlas la Administración».

«En 2017 nos convocaron dos veces para la modificación de la ley, que está guardada en un cajón. Había cosas interesantes como el reconocimiento de Bien de Relevancia Local al patrimonio industrial, pero no sabemos que ha pasado», interviene Guardeño. «La ley es reciente pero con esta realidad social, las cosas cambian», dice el presidente de la Fundación Goerlich, Andrés Goerlich. «Es obsoleta y hay que reforzar el marco normativo porque lo que hay sirve pero de poco. Por parte de las Administraciones hay una falta de determinación a la hora de proteger los bienes, tanto privados como los públicos», asegura.

En su opinión, hace falta «mucha más voluntad y concienciación de los propietarios. Hay que educar a la sociedad en el conocimiento del patrimonio. Hay que valorar y el respeto viene de manera automática. Por último, más medios porque los que hay son insignificantes para el servicio que deben prestar. Así, para el infractor o el delincuente le sería más difícil».

También se habla de la formación escolar en la charla. «Los niños, desde el principio, ven el patrimonio con otros ojos». En los colegios se enseña «una iglesia y un castillo y para de contar. Si se enseñan unas pautas mínimas se valoran esos bienes como propios y no los dañan. Sólo enseñándoles respeto», interviene Sánchez, quien extiende lo mismo a varias carreras universitarias, sin apenas formación sobre el patrimonio histórico y su importancia para la sociedad.

Más complicado incluso cuando se trata de ejemplos recientes, como los edificios del Movimiento Moderno, asevera Goerlich. «Inculcar el respeto y la necesidad de defenderlo es difícil con un edificio que puede tener 60 años, no se le considera elemento patrimonial y puede ser víctima de la piqueta», comenta.

Cada uno de los participantes tiene una lista de monumentos o espacios en Valencia que deben ser rehabilitados con urgencia. «La Ceramo ya», dispara Sánchez, mientras que para Guardeño es la muralla islámica, que ahora tiene las obras precisamente paralizadas por un conflicto con la empresa. «Hacer la lista nos puede llevar meses, sino años», ironiza Goerlich, quien señala no obstante el antiguo Metropol, donde la fundación ha ido al juzgado para evitar el derribo de la finca de la calle Hernán Cortés.

Del Rey comenta que la intervención «más salvaje y bárbara que he visto últimamente ha sido el deterioro de la arquitectura moderna excepcional de la primera parte del paseo Valencia al Mar, en la Ciudad Universitaria». En su opinión, los edificios de Moreno Barberá eran «fantásticos y se han destrozado, como la escuela de Agrónomos o la de Agrícolas». Los ejemplos siguen con la escalera «impresentable en la Facultad de Derecho o los jardines. Se está destruyendo sin más, por no hablar de la intervención en el Luis Vives».

El arquitecto tiene muy claro lo primero que debe recuperarse en Valencia. El paseo Valencia al Mar, la avenida Blasco Ibáñez, le parece «esencial, creo que es muy interesante. Es penoso que el primer kilómetro sea el mejor y que todas las posteriores vayan a peor». Con el jardín en el centro y como ocurre ahora en la primera parte, ligeramente por debajo de la cota de la calzada para dar una sensación de protección a los viandantes.

Goerlich recuerda que el colegio mayor iba a ser derribado. «Conseguimos que se declarase Bien de Relevancia Local», dice sobre una de las obras de Javier Goerlich ahora en plena restauración para reabrirlo después.