Los pescadores recriminan a Ribó que deje la Junta de Desagüe de la Albufera

«El alcalde de Valencia no debe renunciar». Así se tajante se mostró ayer el presidente de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, José Caballer, al referirse al conflicto abierto entre el Ayuntamiento y la Junta de Desagüe de la Albufera desde hace unas semanas.

La junta es la entidad que regula la apertura de las compuertas del humedal y que, en situaciones extraordinarias activa unas turbinas situadas en la gola del Puchol. Ribó hizo pública su renuncia a principios de este mes, al considerar que se trata de un puesto honorífico.

Nada más lejos de la realidad, opinó Caballer, al señalar que se trata de una presidencia nata y que el Ayuntamiento «debe estar en la Junta porque es el propietario del lago. El alcalde debe considerar lo que está pasando ahora como una oportunidad de oro para tratar de cambiar las cosas», afirmó.

La cuestión de fondo, a la que se refirió también el presidente de la Comunidad, es la investigación abierta por la fiscalía sobre si los niveles del lago se han mantenido con los criterios ordenados por la Conselleria de Medio Ambiente. Caballer abogó por una gestión pública de la Albufera en todos los sentidos, dando la «oportunidad y la voz a todos los sectores, que deben estar representados y poder hablar antes de tomar todas las decisiones». Consideró que el problema del nivel no puede gestionarse como sucedió antiguamente. «Ahora, cuando se vacían los campos por gravedad y sin utilizar bombas, el problema es que no llega caudal con la rapidez necesaria».

Como publicó LAS PROVINCIAS, el alcalde Ribó decidió dejar la presidencia de la Junta después de recibir una petición de información por parte de la fiscalía, días después de que se conocieran las diligencias abiertas por un posible daño ambiental. «En un momento en el que hay conflictos en los que ni intervengo, me parece más importante no estar», respondió cuando fue preguntado por el motivo de la renuncia a estar en la junta.

Caballer señaló que ahora precisamente, al hilo de la investigación judicial, es cuando debe clarificarse la gestión de la Albufera en todos sus extremos. «No es momento de dar un paso atrás», subrayó. La normativa señala un mínimo de diez centímetros sobre la altura del agua en la gola, al otro lado de la compuerta, durante el cultivo del arroz, de mayo a octubre. De noviembre a enero, con la inundación de los campos debe llegarse a 25 centímetros, mientras que el resto del año puede variar entre cinco y diez centímetros. Esto es lo que se investiga, es decir, si se ha cumplido.

Para Caballer, clarificar la gestión debe servir también para «que todos tengamos claro qué institución es la encargada de cualquier gestión. Ahora pasa en ocasiones que acudimos a la conselleria a realizar un trámite y nos dicen que es cosa del Ayuntamiento. El problema es que en el otro lado nos dicen lo contrario», aseguró.

El representante de los pescadores dijo que en los últimos años «se han producido numerosas ocasiones en que los niveles del lago no se han respetado». La pugna entre agricultores y pescadores, donde también participan en el debate los ecologistas, viene de lejos a la hora de definir el modelo de gestión de un parque natural tan complejo, al estar lleno de zonas residenciales. Caballer reiteró por último que el alcalde «debe saber todo lo que hace la Junta y no puede renunciar porque parece que tiene miedo de lo que está pasando».