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El pleno del Ayuntamiento de Valencia de este mes de enero ha aprobado un ampliación del presupuesto destinado a sufragar los contratos de emergencia ... de la dana incrementando la partida en 25 millones más. En esta línea, el equipo de gobierno local ha explicado que la primera modificación presupuestaria de las cuentas del Consistorio para 2025 también está aderezada con cambios en las ordenanzas fiscales de hasta tasas para formar un «escudo fiscal» para los afectados.
Según ha explicado la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Presupuestos y Pedanías, María José Ferrer San Segundo, los 25 millones de euros que protagonizan la modificación crediticia «se suman a los 12,89 millones de euros destinados del presupuesto de 2024, por lo que el Ayuntamiento ya ha destinado 38 millones de euros en tres meses en las tres pedanías afectadas». San Segundo ha enfatizado que el Consistorio ha tenido que sacar adelante la gestión «a pulmón y sin ninguna ayuda del Gobierno de España».
La oposición en boca de Eva Coscollà, de Compromís, y Borja Sanjuán, del PSPV, han acusado al equipo de gobierno de falta de ambición a la hora de presentar las ayudas así como de que no se hayan valorado de manera adecuada las consecuencias humanas de la tragedia.
Asimismo, el pleno también ha refrendado por unanimidad la modificación de las ordenanzas fiscales correspondientes a 8 tasas municipales para no cobrarlas en las pedanías damnificadas. San Segundo ha defendido la necesidad de establecer un «escudo fiscal para ayudar a la gente es hacer que paguen menos impuestos».
La concejala de Hacienda ha manifestado que el Consistorio «seguirá reclamando al Gobierno que haga extensiva la exención del IBI y el IAE al presente ejercicio 2025, para ayudar a los vecinos afectados y contribuir a la recuperación económica de nuestra ciudad, que flexibilice las condiciones para esa devolución y que compense al Ayuntamiento».
También por unanimidad ha salido adelante el veto a la tramitación de licencias de pisos turísticos y del resto de usos hoteleros en el Cabanyal-Canyamelar, extendiendo la «moratoria turística» aprobada en mayo de 2024 a la zona marítima de la ciudad tras incrementarse las solicitudes en un 300%.
Por su parte, el plan de regeneración del entorno de San Miguel de los Reyes también ha centrado el arranque del pleno. Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, el proyecto «propone la creación de una zona que se convertirá en un hito urbano, un elemento revitalizador del entorno. Se pretende potenciar la vinculación histórica de València con su huerta y la vinculación peatonal entre el entorno urbano y estos nuevos espacios públicos regenerados».
Por otro lado, el Plan, que supondrá una inversión de 86 millones de euros, prevé la construcción de 575 viviendas de las que 100 serán viviendas de protección pública, «lo que ayudará a cubrir parte de la necesidad de vivienda de la ciudad que es uno de los objetivos del este Ayuntamiento, así como la implantación del campo de fútbol tan demandado por los vecinos», ha señalado el titular de Urbanismo.
Previo al debate, una representante de la Asociación de Vecinos de Torrefiel ha realizado una intervención en la que ha rechazado en la construcción de torres de viviendas de hasta a 20 alturas en parcelas que, según esta asociación, «se deberían destinar a espacios verdes» y ha añadido que estos edificios «comportarán especulación y masificación de servicios».
Por su parte, la representante del PSPV, María Pérez, ha criticado que no se haya consensuado este plan con los vecinos «pasando por encima de todo» y ha cuestionado la construcción de viviendas «en una zona inundable con peligrosidad geomorfológica, así como no ampliar el campo fútbol donde estaba contemplado y perder zonas verdes para el barrio».
Durante su intervención, Pérez ha lamentado que se contemple un aparcamiento de coches al lado de la fachada del monumento y ha cuestionado que no hayan sido informados los afectados por la demolición de la torre de viviendas que existe actualmente «sobre lo que va a suceder con sus viviendas y dónde van a ser realojados».
En representación de Compromís, su portavoz, Papi Robles, ha calificado «de excusa la protección del monasterio para justificar una operación de especulación urbanística», al suponer un gasto de 86 millones de euros, pero unos ingresos por venta de inmuebles de 150, ha subrayado que este plan «no da respuesta a la reivindicación vecinal».
Robles también ha criticado que se planee construir «en una zona inundable, entrando a la huerta» y ha afirmado que este plan «obliga al barrio a renunciar a zonas verdes, no usa los solares libres que hay disponibles para cohesionarlo y atender las reclamaciones de los vecinos» y ha pedido al concejal de Urbanismo que «respete San Miguel de los Reyes, la ley de la huerta y a los barrios que ha de dar servicio y deje de jugar al Monopoly con la ciudad».
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