El pliego de la reforma de la plaza permite al Ayuntamiento de Valencia desistir 'por razones de interés público'

Una vez hecho público el sobrecoste que ha calculado el gobierno de Catalá que tendrá la reforma de la principal plaza de la ciudad, ahora el interrogante es si el actual gobierno municipal optará por no firmar el contrato pendiente para impulsar el diseño y las obras previstas con el lema 'Re-natura' y, por tanto, decide hacer una reforma diferente, partiendo de cero; o si se negociará con el equipo ganador seguir adelante con lo establecido, eso sí, incluyendo las necesidades que marque el nuevo gobierno.

En el caso de que se prescinda de la propuesta ganadora, cabe recordar que en el pliego de las bases del concurso de ideas se detalla que la administración, en este caso el Ayuntamiento de Valencia, podría prescindir de firmar el contrato por razones de interés público, siempre que esté debidamente justificado.

Faltará ver si esta es la decisión y si se alega la diferencia de precios entre los sólo 8,5 millones de euros que calculó el gobierno de Ribó que costaría la reforma y el doble o triple que asegura el nuevo gobierno que puede valer la obra.

Es importante destacar que en el acuerdo de convocatoria del concurso de ideas, en la página 11, se explica que el equipo multidisciplinar ganador, además de recibir unos pagos indicados como finalistas, «será premiado, salvo en los supuestos expresamente contemplados en las bases, con la adjudicación del contrato» de redacción y dirección de obra, pero la cuestión es que en la página 12 de este escrito emitido el 22 de octubre de 2021 se recogía que el Ayuntamiento de Valencia tenía un mes para «iniciar mediante procedimiento negociado» la adjudicación del contrato al concursante que hubiera obtenido el primer premio.

No hay que olvidar que una vez terminada la primera fase del concurso de ideas, el equipo concursante que quedó en segundo lugar presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), tras alegar que una de las empresas integrada en el equipo ganador participó en el proceso de consulta ciudadana previo, pero el Tribunal Administrativo archivó el recurso en mayo de 2023.

A pesar de ello, este recurso hizo que el proceso se dilatara y no se materializara la firma de contrato con los ganadores, una situación que sigue con la misma foto fija, porque todavía no se ha firmado el contrato con los ganadores.

Llegados a este punto, y ante la pregunta de qué puede pasar ahora, la cuestión, como detalla Adrián Ruiz, abogado del despacho Salma Cantos, Derecho Público, especializado en Contratación Pública, y a consulta realizada por este periódico a través del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, detalla que en su momento «se dio un mes para formalizar el contrato», pero en el acuerdo de la convocatoria se indica que una vez «transcurrido dicho plazo máximo, sólo podrá iniciarse el citado procedimiento de adjudicación con la conformidad de ambas partes, por consentimiento mutuo. Son el equipo ganador y el Ayuntamiento los que tendrían que llegar a un acuerdo para impulsar el contrato».

A la pregunta de si el Ayuntamiento de Valencia podría decidir no impulsarlo, el abogado especialista consultado responde que el «Ayuntamiento podría no seguir adelante y no adjudicarlo».

Eso sí, matiza que para ello se tendrían que dar dos requisitos: «El primero es que no se haya firmado todavía el contrato», algo que sigue sin avance. Y la segunda condición, «es que la administración justifique que no continúa con el proceso de contratación por una cuestión de interés público. En este caso se tendría que justificar debidamente y explicar los costes que se producirían».

Y, si quedara probado el interés general para no adjudicarlo, Adrián Ruiz afirma que el «Ayuntamiento no estaría obligado a pagar indemnización y tampoco lucro cesante», ya que si no se firma el contrato, y no se impulsa la redacción, no habría pérdida de negocio por la ganancia que deja de obtener.

Sólo en el caso de haber iniciado trabajos habría derecho a compensación por gastos, como prevé el artículo 152 de la Ley de Contratos Públicos.

Eso sí, si hay acuerdo entre las dos partes para continuar con el proyecto y deciden firmar el contrato que quedó en el aire, se podrían incluir mejoras.

Ahora mismo el equipo de gobierno municipal está valorando qué hacer con los inconvenientes económicos que se han encontrado, con los sobrecostes, pero fuentes municipales consultadas recuerdan que hasta ahora lo que hay es un concurso de ideas y si se opta por redactar este proyecto, se podrían incluir indicaciones o necesidades que marque el equipo de gobierno, siempre que no desvirtúen el proyecto.

Lo que sí está claro es que una vez se decida licitar el proyecto, partiendo de la idea base con aportaciones o con un nuevo, se tendrá que abordar la redacción del proyecto con una obra global y para ello, tendría que haber una dotación presupuestaria, un respaldo con una partida económica.

Por su parte, desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, su presidenta, Marina Sender, defiende en primer lugar que se lanzara la reforma con la fórmula del concurso de ideas. «Nos gusta que los proyectos públicos se sometan a concurso, porque se abre a la participación y hay un jurado técnico que elige el que reúne o responde mejor a las bases del concurso».

También respalda que fuera un concurso de ideas en dos fases «con compensación económica al esfuerzo realizado» a los finalistas, que fue de entre 8.000 euro y algo más de 9.680 euros.

En cuanto a la posibilidad de seguir con el proyecto ganador, Sender recuerda que como «era un concurso de ideas, será en el proyecto de ejecución cuando pueda estar más definido y, entonces, puede recoger las inquietudes que pueda manifestar el actual gobierno».

Tal como recuerda, ante retos como los concursos de ideas, «los arquitectos intentar resolver lo mejor que pueden el espacio y se recogen las necesidades que entiende el profesional que son precisas, pero también se contemplan las necesidades del cliente, que en este caso es la propia Valencia».

Acto seguido, y tras recordar que queda pendiente la redacción del proyecto donde se pueden recogen las necesidades actuales, opina que descartar la actual propuesta y empezar de cero «sería un retraso del tiempo».

Y es que no hay que olvidar que si bien el proceso participativo ciudadano previo comenzó en 2019, hasta 2022 no se produjo el fallo del jurado del concurso de ideas y a la paralización del proceso por el recurso presentado por una participante, hay que sumar que en fecha de 20 de julio de 2023 hubo una moción presentada para suspender el proceso por el entonces reciente cambio de gobierno.

Y, por lo tanto, ya han transcurrido seis años desde que se iniciaran las consultas ciudadanas y la paralización del proceso y ahora faltará ver si se opta por desbloquearlo con mejoras sobre el proyecto ganador, pero dotándolo de un presupuesto real y acorde al aumento del coste de materiales, o si se parte de cero.