La Policía irrumpe en discotecas e impone 300 multas por incumplir normas sanitarias

Primer fin de semana con el nuevo requisito para el ocio y la hostelería: el pasaporte Covid. Cuando la noche valenciana se empezaba a adaptar a este nuevo pase, en la madrugada del domingo un dispositivo policial de la Policía Nacional y la Autonómica irrumpió en hasta 18 discotecas de la Comunitat.

Con esta intervención, que se coordinó desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias junto con los ayuntamientos de las capitales de las tres provincias, se trataba de «salvar la Navidad». Al menos así lo anunciaba el Ayuntamiento de Valencia tras la Junta Local de Seguridad. El responsable, Aarón Cano confirmó a este diario que el plan constaba de un calendario de actuaciones en las zonas y locales de ocio nocturno y que se irían produciendo antes de la Navidad.

Pero lo cierto es que esta operación habría estado coordinada por Delegación del Gobierno y la Policía Nacional en toda la Comunitat, y se produjo en la madrugada del domingo cuando en hasta 18 discotecas de las ciudades de Valencia, Alicante y Castellón la Policía irrumpió parando la actividad de los locales. Los dueños de estos negocios y los propios clientes hicieron el resto difundiendo llamativas imágenes de los antidisturbios en el interior de las discotecas.

Rumbo, Indiana, Salomé, Akuarela y Cream fueron algunas de las intervenidas en la ciudad de Valencia. «Parecíamos terroristas, ha sido abusivo, la gente se marchaba del local», comentaban a primera hora de la mañana lo sucedido. Los propietarios de estos negocios denuncian lo que consideran una actuación «desmedida y abusiva» y así lo recogieron a lo largo del día de ayer en varios comunicados las organizaciones de empresarios del sector, como la Federación de Ocio y Turismo de la Comunitat Valenciana (FOTUR). Y relatan lo que ocurrió; que primero fue la policía secreta la que entró en los locales, algo a lo que están acostumbrados porque así es como aseguran que se procede en las inspecciones, que momentos después de su entrada se produjo la irrupción de más de una veintena de agentes de la Policía Nacional, que se pudo palpar la tensión y que les instaron a poner luces blancas y a bajar la música. Después llegó todo lo demás. Algunos de los dueños aseguran que sufrieron hasta una hora de interrupción. Otro de ellos, por ejemplo, dijo que había contratado a un artista al que le había pagado 15.000 euros.

Las autoridades informaron ayer de que de estas intervenciones se saldaron con más de 300 sanciones por no cumplir las normas sanitarias, pero no tuvieron que ver con el pasaporte Covid: 49 de ellas fueron por no poder acreditar su identidad y por tanto la del pasaporte Covid presentado. Las otras 264 fueron por no llevar la mascarilla. También se sancionó a seis establecimientos por no haber comprobado debidamente esta documentación.

Fueron fuentes de la Delegación del Gobierno y de la Policía Nacional las que informaron del balance de esta intervención, en la que también hubo multas por tenencia de armas, hasta cinco, y 68 por drogas. Las autoridades, como el propio Ayuntamiento de Valencia, justificaron su actuación como necesaria para evitar repuntes y comprobar «que nadie se relaja a la hora de cumplir las normas». Sin embargo, desde la Federación de Ocio y Turismo, así como desde otras asociaciones como la Coordinadora de Empresas de la Hostelería y el Ocio, denunciaron lo ocurrido por considerarlo abusivo y «desproporcionado» contra el sector, pues aseguran que las empresas se esfuerzan en hacer cumplir las normas.

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