El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) demandó ayer la ampliación de 70 plazas en la oposición vigente de la Policía Local, con el fin de cubrir las vacantes de este año por jubilaciones. «Con los policías que hay ahora es imposible luchar contra el botellón», dijo el secretario de la entidad en el Ayuntamiento, Jesús Santos.
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El dirigente sindical planteó como una de las medidas a tener en cuenta para frenar los contagios de Covid-19 derivados del consumo de alcohol lo que vino a denominar como un «toque de queda» a partir de la una de la madrugada, cuando cierran los restaurantes, de manera similar a lo que ocurrió durante el confinamiento por la pandemia.
El Ayuntamiento tiene en marcha un proceso de oposición con la previsión de cubrir un total de 160 plazas, aunque se trata de «una cifra insuficiente, no damos abasto para cubrir todos los servicios y el del botellón es uno de ellos», consideró.
Debido a la reestructuración por la crisis sanitaria, la Policía Local eliminó temporalmente el servicio de policía de barrio, algo que ya se ha rectificado. De todas maneras estos agentes no pueden hacer nada contra el botellón. «Trabajan hasta las nueve de la noche y durante los días laborables, por lo que los fines de semana se encargan otras unidades», consideró.
La concejalía de Protección Ciudadana trabaja desde hace más de tres años en la elaboración de la llamada ordenanza de civismo, con la que los agentes tengan una mejor cobertura jurídica. «La normativa es importante, pero lo fundamental es que haya personal para que se cumpla», señaló Santos.
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El documento está en fase de revisión por parte de algunos servicios municipales, confirmó el delegado de Protección Ciudadana, Aarón Cano, quien adelantó que se incluirá un anexo con toda la normativa aprobada por el Covid-19. «Será temporal», destacó el edil, mientras dure la actual situación. La previsión es que se exponga al público a finales de año para la presentación de alegaciones.
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La novedad principal, cuando se apruebe, será que los agentes tendrán menos trámites a la hora de sancionar el consumo de alcohol en la calle. En síntesis, no tendrán que analizar las bebidas para confirmar que contienen alcohol. Cano avanzó que la alternativa para multar es la contaminación acústica. El botellón es un problema crónico en muchos barrios de la ciudad, aunque en los últimos meses se ha acrecentado la preocupación debido a la pandemia por el coronavirus y, desde hace semanas, por el arranque del curso universitario.
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El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés señaló por su parte que el borrador de la ordenanza «se olvida continuamente del deterioro de la propiedad privada», a la vista de los diferentes artículos referidos a los actos de vandalismo. «No sólo se olvidan de eso, en prácticamente todos ocurre lo mismo con los menores, donde además disminuye la magnitud lógica del nivel de cada tipo de sanción». El edil dijo que es «inaceptable» el retraso de varios años en la aprobación de una normativa útil para frenar este tipo de comportamientos e incidentes en la vía pública.
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