Valencia acumula ya tres años de retraso en la ordenanza para frenar el botellón

Corría el 10 de mayo de 2017 cuando la entonces concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, presentaba el proyecto de una ordenanza de civismo que debía dar respuesta a problemas cotidianos como los manteros, el vandalismo en los espacios públicos y, por supuesto, el botellón. Algo más de tres años después, el documento sigue en fase de borrador y todavía no se ha expuesto al público.

No es la única iniciativa del actual gobierno municipal para frenar una práctica, el consumo de alcohol en la calle, que ahora se ha vuelto particularmente peligrosa por el riesgo de contagio de coronavirus. Dos años antes, la vicealcaldesa Sandra Gómez planteó nada más llegar al Ayuntamiento un recinto para jóvenes, lo que se conoce como un botellódromo, o incluso algún acuerdo con los hosteleros para rebajar el precio de las copas.

Estas dos últimas ideas fueron rápidamente olvidadas por la inconveniencia de concentrar el problema en un barrio de Valencia y acabar subvencionando los cubatas, mientras las quejas por el botellón han arreciado. Fuentes vecinales de Benimaclet, una de las zonas más castigadas, señalaron ayer que el botellón es «continuo, todos los fines de semana tenemos jaleo», para citar ejemplos como lo que ocurre en la calle Mistral, la plaza de la Iglesia y, por supuesto, la zona aledaña al cementerio municipal, donde la Policía Local realiza servicios con frecuencia con un balance de un centenar de sanciones por no llevar mascarilla, así como por tenencia de drogas.

El actual concejal de Proteccción Ciudadana, Aarón Cano, heredero del problema, señaló ayer como premisa que el botellón «no se soluciona con multas», para indicar que la ordenanza de civismo estará lista a finales de año. «Vamos a intentar que pase por la junta de gobierno en noviembre para exponerla al público».

Una de la novedades que se pretende con la normativa será que los policías locales ya no tendrán que decomisar las botellas y enviarlas al laboratorio para certificar el consumo de alcohol en la calle, sino que los agentes podrán recurrir a otro tipo de herramienta. El delegado de Protección Ciudadana citó como ejemplo la contaminación acústica. De momento, el documento está en revisión por parte de algunos servicios municipales, como es el caso del de Régimen Sancionador.

Las quejas se han extendido en todos los barrios y no sólo en la vía pública. La presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, comentó ayer el problema que suponen las fiestas en los pisos, lo que se ha acrecentado tras el cierre temporal de los locales de ocio. «Los hosteleros cumplen en la mayoría de los casos y los jóvenes que se encuentran con las persianas bajadas se van entonces a beber a los jardines», comentó.

El concejal del grupo popular Santiago Ballester reclamó celeridad. «El gobierno de Compromís y el PSPV está actuando como nos tiene acostumbrados, con lentitud y falta de transparencia. Llevan más de cinco años con este proyecto de ordenanza sin que a día de hoy se conozca cuando entrará en vigor», dijo.

«Hemos pedido varias veces en la comisión de Protección Ciudadana que se nos dé copia del borrador de la ordenanza de civismo, y que se nos informe sobre el coste de la cátedra, de momento sin respuesta», apuntó en referencia al acuerdo entre el gobierno municipal y la Universitat de València para la creación de la cátedra Protecpol, con el fin entre otros objetivos de elaborar el borrador de la normativa.