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La llegada del PP supondrá el adiós de muchas de las políticas de movilidad implementadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia en ocho años. María José Catalá cree que muchas de ellas se han puesto en marcha sin el suficiente diálogo con ... los vecinos, y ninguna con tan poco como el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella. Una de sus primeras medidas, de hecho, dejar sin efecto las multas que pongan las cámaras.
Así lo ha podido confirmar LAS PROVINCIAS. El PP, por tanto, cumplirá su programa electoral. En su punto 26 llevaban que suspenderían la aplicación del régimen sancionador regulado en el APR de Ciutat Vella Nord «hasta que se alcance un consenso con residentes, comerciantes, hosteleros, profesionales, centros educativos y entidades culturales y festivas del barrio».
Según ha podido saber este periódico, el PP dejará las multas en 'stand-by' y empezará un proceso de diálogo con los vecinos que, dicen, no se ha dado. La prueba es que el concejal de Movilidad en funciones, Giuseppe Grezzi, decidió durante la campaña electoral acceder a una de las peticiones más antiguas de los residentes del norte de Ciutat Vella: permitirles circular y aparcar en el área reservada pese a no vivir en esas calles. Hasta que Grezzi decidió permitírselo (en plena campaña), los vecinos tenían que aparcar al otro lado del río y dar largas vueltas para llegar a casa. De hecho, la última concentración que se hizo al respecto, a principios de 2023, fue para protestar por esta decisión que consideran arbitraria.
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Las calles cuyos vecinos han obtenido derechos de paso son Blanqueria, Conde de Trénor entre los números 8 y 15, Creu, Damià Forment, En Roda, Franciscans, Guillem de Castro entre los números 132 y 162), Joan de Joanes, Moret, Náquera, Palomino, Padre de Huérfanos, Padre Tosca, Rocas, Roteros, Zapateros, Salud y Samaniego, Síndic, Tossalet y Viciana entre los números del 6 al 26 y del 7 al 21; y las plazas Cecs, Cisneros, Fueros y Nules. Los vecinos de estas vías podrán pedir al Consistorio autorización para circular por la APR y salir o entrar a la misma por cualquiera de las cuatro puertas de entrada, vigiladas por cámaras. Además, podrán estacionar en ella.
El PP no es contrario a medidas que contribuyan a pacificar el tráfico y avanzar hacia una ciudad más verde, pero quiere hacerlo con el diálogo que, aseguran, ha faltado estos años. Cabe recordar que las Mesas de la Movilidad sectoriales que creó en 2015 la concejalía se han reunido en infinidad de ocasiones, pero vecinos y comerciantes no las consideran adecuadas para debatir porque, han comentado varias veces, la concejalía se presenta con decisiones ya tomadas.
No es la única medida que pondrán en marcha. Fuentes populares han indicado que estudiarán la viabilidad de volver a permitir el aparcamiento nocturno en el carril bus (lo que será complicado porque por la inmensa mayoría de calles ahora circulan líneas de la red nocturna de la EMT, ampliada en 2022). Además, sí revertirán los nuevos horarios de aparcamiento de vehículos en las zonas de estacionamiento regulado de la ciudad de Valencia (Zonas ORA), volviendo a la franja horaria anterior sujeta a pago (de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas). Para eso, habrá que negociar con la empresa adjudicataria. Ahora, el horario se extiende a 9 a 21 horas, y hay barrios, como Ciutat de les Arts, donde antes no había que pagar un sábado por la tarde y ahora sí. La medida, con todo, necesitará negociación con la empresa adjudicataria, que podría exigir una reducción del canon si las ganancias se reducen al reducirse las horas y, sobre todo, al aumentar las zonas verde y naranja, que se instalan a costa de las plazas de zona azul.
La Autoridad Metropolitana de Transportes recibirá del Gobierno, en 2023, un total de 40 millones de euros, tres veces menos que Madrid y casi cuatro veces menos que Barcelona, para subvencionar el transporte público. Madrid cobrará 127 millones y Barcelona, 149. Pero es que hasta Canarias recibirá más: 47,5 millones de euros. El transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares se caracterizan por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores. La concesión de estas subvenciones queda condicionada a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de los beneficiarios, de forma que la financiación estatal actúa, además, como un incentivo para el despliegue de este instrumento de ordenación y planificación de la movilidad. A estas cantidades hay que sumar lo que el Gobierno ha concedido a las comunidades autónomas para financiar la rebaja de un 50% del precio del transporte público colectivo urbano y metropolitano a los viajeros recurrentes: 325 millones para todas las autonomías.
Con respecto al aparcamiento, el PP ha prometido habilitar más de 8.000 plazas de estacionamiento público en 15 barrios de la ciudad, a fin de dar respuesta a la demanda actualmente existente. Catalá también pretende impulsar la rehabilitación del aparcamiento público de la plaza Don Juan de Vilarrasa, con el objetivo de reabrirlo en el menor tiempo posible y de dar servicio a la demanda de plazas de estacionamiento en el centro histórico. El Consistorio encargó el pasado año el proyecto de rehabilitación del aparcamiento, cerrado desde verano de 2020, cuando Movilidad rechazó prorrogar la adjudicación con vistas a quedarse el aparcamiento y, quizá, unirlo con el del Centre Històric, que ya gestiona la EMT.
Además, el nuevo equipo de gobierno creará aparcamientos disuasorios («Park and Ride») en la periferia de la ciudad, debidamente conectados con el centro mediante transporte público («lanzaderas») y establecerá la regla 1-1: «Cualquier actuación urbana que comprenda la supresión de una plaza de estacionamiento, se habilitará otra en el mismo ámbito de influencia».
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