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El Ayuntamiento no tramitó ninguna denuncia en el primer mes de funcionamiento de las cámaras en Ciutat Vella, aunque lo que ha venido ... después ha provocado una cascada de críticas de los grupos de la oposición y de entidades del barrio agrupadas en la Plataforma Ciutat Vella i Viva.
Según desveló el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, a Radio Valencia, del 8 al 16 de este mes se han enviado para su notificación un total de 4.811 propuestas de sanción, en teoría acumuladas en su mayoría desde que se puso en marca el sistema el 1 de diciembre. El motivo de que no se hubieran notificado antes, dijo, fue para dar prioridad a la avalancha de peticiones de permisos llegada al Ayuntamiento.
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La noticia coincidió con la reunión de representantes de la plataforma Ciutat Vella i Viva con la vicealcaldesa Sandra Gómez, precisamente para tratar asuntos de movilidad del centro, y tras varios intentos de hacer lo mismo con el alcalde Joan Ribó.
Fuentes de la entidad comentaron que el barrio ha padecido «dos confinamientos, uno por la pandemia y otro por la colocación de las cámaras y la situación de cierre». La plataforma agrupa asociaciones de vecinos, comerciantes, hosteleros, culturales e incluso comisiones falleras.
Ante la situación planteada por las multas que recaen en los conductores no autorizados en cinco accesos de Ciutat Vella, indicaron que el Ayuntamiento «está obligado a agilizar cualquier iniciativa en favor del transporte público, como una mejora clara en las líneas de la EMT». Las mismas fuentes citaron el retraso en la reapertura del aparcamiento de Parcent. «Es un equipamiento que no debería estar así, hace años que se necesita y el gobierno municipal no ha hecho lo que tocaba a tiempo».
Por su parte, la portavoz del grupo popular, María José Catalá, criticó que Compromís y el PSPV «han subido impuestos y tasas en plena crisis económica por el Covid, quieren cobrarnos por aparcar bajo de casa y ahora colocan multas a una media de 700 al día por entrar en Ciutat Vella», en referencia al área de preferencia residencial (APR).
En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, exigió «un aplazamiento de la APR hasta que se acaben las obras de la plaza de la Reina y los cortes de calle que afectan al centro. Así mismo reclamamos un diálogo con comercios, vecinos, fallas y entidades culturales y festivas para ampliar las autorizaciones».
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