Ribó impone al PSPV sus políticas sobre Puerto, EMT y pedanías

El alcalde Ribó impuso ayer los votos de Compromís sobre los del PSPV para sacar adelante la exigencia de una declaración de impacto ambiental acerca de la ampliación norte del Puerto, además de rechazar la propuesta socialista de que se envíe al Tribunal de Cuentas toda la documentación del robo de cuatro millones de euros a la EMT. La coalición tampoco dio marcha atrás, esto ya fuera de la junta de gobierno, a la decisión del primer edil de que la alcaldía pedánea de Benimàmet sea compartida.

Un cúmulo de situaciones que obligaron a la vicealcaldesa Sandra Gómez y al vicealcalde Sergi Campillo a dar largas explicaciones de la situación actual del gobierno municipal. Ambos coincidieron en que la sangre no llegará al río y que los 17 ediles de los dos partidos seguirán juntos este mandato. Eso sí, la primera criticó que Compromís aproveche este tipo de decisiones polémicas para fomentar una «confrontación política» con los socialistas. «Entiendo que tienen líos internos y que buscan otros asuntos para meterlos en la agenda, pero que dejen al gobierno en paz porque esto no ayuda en nada. No podemos levantar muros entre nosotros y sólo entiendo que hay una voluntad clara de crispar», destacó.

Las explicaciones sirvieron también para destapar las malas relaciones entre los socios. A modo de ejemplo, Gómez aseguró que llevaba desde el pasado miércoles intentando hablar con el alcalde Joan Ribó sobre la «moción política» que acompañó a los siete informes de servicios municipales acerca de la ampliación portuaria.

Más de dos días para encontrar un hueco en la agenda de los dos principales cargos políticos del Ayuntamiento parece excesivo, sobre todo cuando se trata de algo que afecta a una inversión en los muelles que supera los mil millones de euros. Así las cosas, el grupo socialista presentó una moción alternativa que recibió los votos contrarios de Compromís. En la del alcalde, los primeros se abstuvieron.

La diferencia entre las dos mociones es que mientras la de Ribó acaba exigiendo una declaración de impacto ambiental al Ministerio de Transición Ecológica, la de Gómez alude a medidas correctoras. Campillo explicó después que experiencias como la de la Zona de Actividades Logísticas, veinte años parada después de la expropiación de los campos de huerta, hay experiencia «para no tomar decisiones precipitadas; se trata de una modificación sustantiva en el que se cambia todo el muelle de contenedores, con una afección al paisaje». Por el contrario, Gómez dijo sin matices que «no ha habido una voluntad de consensuar un texto y se está utilizando un informe técnico para buscar la confrontación con cada institución» y que la Generalitat ya ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica que se pronuncie sobre este punto. «Es una cuestión de los técnicos y ellos deben decidir, no los políticos. Tenemos que ser escrupulosamente respetuosos», sentenció la edil.

Al tratarse de informes previos a las alegaciones, la moción de Ribó no pasará por el pleno del próximo jueves, precisaron fuentes municipales, por lo que no habrá ocasión de que se escenifique la diferencia de criterio entre los dos partidos en el gobierno. La vicealcaldesa añadió que la Autoridad Portuaria había pedido informe al servicio de Planeamiento, aunque una nota interior de la alcaldía amplió la consulta a otros departamentos, con el resultado conocido de que prácticamente todos abogan por una nueva declaración de impacto ambiental.

Otro de los asuntos que alteró la junta de gobierno fue la moción llevada por los socialistas acerca de la EMT, en concreto para que se envíe toda la documentación del robo de cuatro millones de euros a la compañía al Tribunal de Cuentas y al Banco de España. La urgencia fue rechazada por Compromís y no llegó a votarse en la junta.

La vicealcaldesa indicó que lo más importante es recuperar el dinero robado en la estafa y que acabó en el Banco de Hong Kong antes de derivarse a otras cuentas. Pero también aludió a la posible responsabilidad patrimonial de los consejeros, algo con lo que desde el PSPV no están dispuestos a lidiar.

El vicealcalde Campillo comentó que Compromís no tenía conocimiento de la moción del PSPV en cuanto al fraude de la EMT, y que se necesita «tiempo para estudiarlo» y «discutirlo con la comisión de coordinación» la próxima semana. El concejal de Movilidad y presidente de la compañía, Giuseppe Grezzi, avanzó después que no harán nada hasta que se dilucide la causa judicial abierta por el fraude.

Finalmente, en cuanto al reparto de los alcaldes pedáneos, el vicealcalde dio el asunto por zanjado con la decisión del alcalde Ribó por decreto de la distribución entre Compromís y el PSPV de estos cargos, para recordar que son cargos delegados. El caso de Benimàmet es lo que más ha disgustado a los seguntos. Gómez dijo que no se ha respetado el acuerdo de que la fuerza más votada del gobierno se quedara con estos puestos.