El PSPV califica el plan de Compromís para Benimaclet de «elitista, caduco y depredador»

Dos cosas dejó claras ayer la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez. La primera que no le gusta nada el modelo urbanístico planteado por Compromís para el desarrollo de Benimaclet hasta la ronda norte, al que le dedicó calificativos como «elitista, caduco y depredador» a la hora de analizar la propuesta de una gestión directa de las 1.345 viviendas quitándole esa opción a Metrovacesa, además de reservar una tercera parte de la superficie a huertos.

La segunda, que separa lo que es la propuesta lanzada por el concejal Grezzi y la diputada Papi Robles tras una reunión con los vecinos de la negociación que tiene abierta con el alcalde Ribó. Dijo que ambos «comparten el interés por impulsar un modelo razonable, que dé respuesta a demandas vecinales y responsable con el Ayuntamiento».

No lo tiene tan claro el segundo, dado que fuentes cercanas a la alcaldía señalaron que el alcalde «valora positivamente la propuesta de Compromís, y como en el Ayuntamiento el área encargada de impulsarlo es Urbanismo, del socio de gobierno, entiende que en un tema de ciudad como es este, habrá consensuar las diferentes propuestas; en cualquier caso, es sobre todo muy importante la opinión y la participación de los vecinos».

Es decir, que el primer edil aboga por el consenso pero no le hace ascos a la idea de una gestión directa, reducir edificabilidad y que una tercera parte del sector sea para campos de cultivo, pese al riesgo evidente de una demanda de la empresa constructora que Gómez cifró en 50 millones de euros como indemnización.

La vicealcaldesa fue contundente contra la idea de «privatizar el uso público» de una parte del sector, en referencia a los huertos de autoconsumo. Benimaclet fue el primer barrio donde se creó este modelo tras un acuerdo para el uso provisional de parcelas propiedad de un banco. Ampliar esos campos supondría a juicio de Gómez dejar fuera numerosos equipamientos públicos.

«Benimaclet necesita un gran parque, un campo de fútbol y una escuela infantil», citó como ejemplo, pero donde fue más severa fue contra la parte de la propuesta de Compromís que aboga por consttruir casas de pueblo. «Son viviendas elitistas, de 500.000 euros, que gentrifican y expulsan a las familias trabajadoras», dijo, para defender viviendas dotacionales y de promoción pública.

«Cualquier urbanista sabe eso, que es un modelo caduco y depredador porque consume además mucho territorio». La concejala de Desarrollo Urbano indicó que de la negociación con Ribó tiene que salir una «propuesta razonable» que ayude a desbloquear un sector paralizado desde hace lustros, con dotaciones públicas, viviendas accesibles y también una reserva para campos de huerta.

Metrovacesa presentó hace meses la documentación para el estudio ambiental y desde entonces está a la espera de que el Ayuntamiento tramite su exposición al público. Fuentes cercanas a la compañía rechazaron valorar la tormenta política abierta entre los socios de gobierno, a la espera de poder alcanzar un acuerdo para la promoción del sector urbanístico.

Un estudio realizado por el catedrático de Derecho Administrativo José María Baño para la compañía cifra la indemnización a reclamar en caso de que se elimine la edificabilidad en 50.880.379 euros. De momento, el proyecto está paralizado por la falta de acuerto entre Compromís y el PSPV.