El PSPV critica que el Ayuntamiento de Valencia mantiene ocupadas la mitad de viviendas públicas de Plan Cabanyal

La concejala socialista Elisa Valía critica que mientras «María José Catalá se empeña en abrir una innecesaria Oficina Antiocupación para que los propietarios pongan alarmas o explicarles cómo conseguir juicios rápidos, su gobierno es incapaz de solucionar el problema de las viviendas municipales ocupadas de Plan Cabanyal».

Valía añade que Catalá «ha sido noticia nacional por su propuesta de Oficina Antiocupación cuando todo el mundo sabe que no existe un España un problema real de ocupación. Dónde sí que existe sin que ella no haya hecho nada por solventarlo es en Plan Cabanyal, ya que la mitad de las 53 viviendas municipales están ocupadas».

En este sentido, la edil ha resaltado que a los socialistas no les extraña «el anuncio de Catalá porque se trata de un intento de contentar a la ultraderecha y de desviar la atención de la descomunal crisis de gobierno que tiene abierta y que están provocando un problema de debilidad política muy preocupante para la ciudad».

Sin embargo, ha puntualizado, «lo que resulta sorprendente es que pretenda asesorar en esta materia quien tiene la mitad de las viviendas de la sociedad municipal Plan Cabanyal ocupadas».

Elisa Valía ha explicado que actualmente, tal y como consta en la información facilitada por el propio Ayuntamiento respecto a la situación de Plan Cabanyal, el Consistorio dispone de 53 viviendas en propiedad en el barrio. De todas ellas, ha detallado, la mitad, 26, no se encuentran disponibles porque tienen una «ocupación no autorizada», tal y como se describe en el documento facilitado por el gobierno de Catalá.

Ante esta situación, la concejala socialista ha cuestionado la «inactividad» del gobierno del PP en materia de vivienda más allá de medidas «inútiles como la creación de la Oficina Antiocupación«.

Según Valía, «no ha hecho absolutamente nada para amortiguar el incremento de los precios de la vivienda y del alquiler. Ni tan siquiera ha puesto en marcha las limitaciones al alquiler que le permite la Ley de Vivienda y se nos va agotando la esperanza de que, antes de que concluya la legislatura, Catalá haga algo para que las familias de la ciudad no sean expulsadas de sus barrios».

Finalmente, como Partido Socialista, le ha pedido «una vez más que deje de actuar como una comercial de una empresa de alarmas y actúe de una vez como una alcaldesa consciente de que las familias valencianas no pueden pagar 1.700 euros al mes de alquiler y de que en su mano está a garantizar el acceso a una vivienda a todas estas familias», ha concluido.