Vecinos del Cabanyal denuncian un centenar de pisos okupados en el barrio

Es cierto que se ha reducido mucho la ocupación de grupos de resistencia, como los que bloquearon durante años la reforma de un edificio que se tenía que destinarse a centro social para el barrio y que ahora ya está en uso, o la conocida como 'casa de los payasos' que se llegó a incendiar y se desalojaron a los moradores, pero sigue habiendo propiedades privadas y muchas públicas, tanto del Ayuntamiento de Valencia, como de la Generalitat y del plan del Cabanyal que siguen con ocupaciones ilegales.

La mayoría de estas casas ocupadas se encuentran en Bloques Portuarios, los edificios de la calle Astilleros y Hombres del Mar, a dos calles del paseo marítimo que están pendientes de que se derriben para hacer unos nuevos edificios, más cerca de un cuartel de la Guardia Civil de Eugenia Viñes, donde se tiene que hacer una inversión de 10,5 millones de euros, precisamente con el dinero que Plan Cabanyal ha ido obteniendo estos años con la subasta de propiedades.

Como detalla Vicente Gallart, de la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar, son más de 36 los pisos de titularidad pública que hay ocupados ilegalmente en Bloques Portuarios y a esta cifra hay que sumar una cantidad similar que son de propiedad privada.

En la parte del barrio más histórica, en puntos que fueron la 'zona cero' del barrio, como en la calle San Pedro, también queda alguna propiedad ocupada. Por ejemplo, describe que hay una finca entera de propiedad pública ocupada en la calle San Pedro 23, una finca de cuatro alturas que tiene propiedades que dan a dos calles. Incluso algunas de estos pisos llevan años sin ventanas, pero con moradores.

Y en la misma calle, en el número 27, en un edificio de dos alturas también los hay. Y no hay que olvidar que el pasado mes de febrero, tal como publicó LAS PROVINCIAS, la alerta vecinal consiguió parar la ocupación ilegal de un edificio municipal.

Unos vecinos vieron luces y una ventana abierta en la propiedad municipal, ubicada en la calle Escalante, y dieron la voz de alarma a la oficina Plan Cabanyal y a la Policía Local de Valencia. Fue el 5 de febrero cuando se consiguió desalojar a los que habían entrado y se tapió la puerta. En este caso, se trata de un edificio que comenzó a restaurarse en junio de 2020 y cuya obra estaba parada desde 2022, durante el gobierno de Ribó, y donde se tuvo que resolver el contrato con la contratista por incumplimientos, un trabajo en el que se ha tenido que hacer una adaptación del proyecto y lo que iba a costar 332.760 euros pasará a costar 500.000 euros más IVA.

Tras conocer la noticia de que el gobierno local, tal como ha anunciado esta semana la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quiere abrir una oficina antiocupación y exigir a los grandes tenedores de viviendas que tomen medidas, como la instalación de alarmas para poder desalojar a los que ocupen casas de inmediato, desde la entidad vecinal, Gallart recuerda que «sólo con las viviendas públicas que tiene ocupadas el Ayuntamiento, que es otro gran tenedor de propiedades, la administración local ya tiene faena. Deberían de empezar por actuar en las que tienen ocupadas».

También recuerda que el Ayuntamiento tiene un centenar de viviendas, pisos o solares sin uso. «En la calle Escalante 210, por ejemplo, hay una propiedad de planta baja y un primero que está cubierta con una lona y cualquier día caerá». Añade que era una propiedad de Plan Cabanyal «que se vendió a la empresa pública Aumsa para rehabilitarlo y darle un uso, pero sigue sin proyecto». Se trata de una propiedad que data de 1880.

Por eso, este representante vecinal pide que «el Ayuntamiento establezca un plan de rehabilitación, que limpien solares y los vallen y que pongan vivienda pública al servicio ciudadano».

Por su parte, el presidente de la entidad vecinal, Daniel Adell, explica que «la mejor alarma que pueden poner los grandes tenedores de viviendas y también las administraciones es poner en uso las propiedades. Los nuevos vecinos que lleguen serían la mejor alarma».

Adell pide que se pongan en el mercado estas viviendas «que se pongan en uso, que se vendan o que se alquilen, pero con contratos lógicos para que pueda acceder la clase media porque hay mucha gente que ya no puede pagar los alquileres altos que se están pidiendo y se tienen que ir del barrio o compartir pisos». Y añade que el «problema de Bloques Portuarios hay que solucionarlo ya, no se puede dilatar en el tiempo».