Ribó, uno de los alcaldes de España que más contratos a dedo adjudica

Las cifras no fueron rebatidas por ningún miembro del gobierno municipal en el hemiciclo, de manera sorprendente porque ahondan en lo publicado esta semana por LAS PROVINCIAS, en el sentido de que el alcalde Joan Ribó se ha gastado desde que ocupa la alcaldía del cap i casal un total de 110,85 millones de euros con este procedimiento, que tanto la Intervención Municipal como la Agencia Valenciana de Antifraude consideran que debe emplearse de manera excepcional, en favor del concurso público y de libre concurrencia.

Uno de los datos más significativos que aparecen en el documento es que el 14,71% de todo el gasto en nuevos contratos en 2021 en licitación se canalizó a través de esta fórmula, una cifra muy superior a otras grandes ciudades de España. Así, en Barcelona el porcentaje fue del 4,69%, tres veces menos, mientras que Málaga se quedó en el 5,91% y Zaragoza en el 8,10%, entre otras urbes.

Del Ayuntamiento de Madrid no aparecen datos en la estadística, mientras que sí está el Consistorio de Murcia con un 12,59%. La propuesta de debate en el pleno partió del grupo municipal Vox, que pidió inventariar las empresas que logran este tipo de contratos y establecer un código de buen gobierno, fue rechazada con los votos de Compromís y PSPV.

Uno de los apuntes del informe de 2021 es particularmente preocupante, como señaló el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Fernando Giner. Se refiere al porcentaje de contratos que se repiten a lo largo de varios ejercicios, siempre con el mismo tipo de encargo, por lo que en realidad puede hablarse de algún tipo de fraccionamiento.

Esta ha sido una de las críticas recurrentes de los grupos de la oposición, al considerar que buena parte de los encargos pueden agruparse en contratos de libre concurrencia, que superen el presupuesto máximo permitido a los primeros. En el caso de las obras esto se fija en 40.000 euros, mientras que para suministros y servicios se reduce hasta los 15.000 euros, en ambos casos con el IVA aparte.

También resulta llamativo el aspecto de las ofertas que se piden antes de adjudicar el encargo. Pese a la insistencia del gobierno municipal de que se solicitan tres precios desde 2019 para cualquiera de estos contratos, la realidad es que la entidad independiente señala que en 2021 no ocurrió esto en el 36,84% de los casos.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, denunció este viernes que el alcalde Joan Ribó «permite año tras año y de manera continua un uso excesivo de la contratación menor en el Ayuntamiento. Por tanto, es el máximo responsable de la falta de planificación de su gobierno, de la mala imagen que eso supone hacia la ciudadanía y de las repercusiones administrativas o incluso jurídicas que el mal uso puede suponer».

«Valencia está en el top 5 de las grandes ciudades del país con mayor uso de la contratación menor. Algo que tendría que ser excepcional desde el punto de vista contractual, pero Ribó lo ha convertido en el mecanismo más habitual», señaló, para reiterar que preocupa mucho el «mal resultado obtenido en el informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación».

Una de las estadísticas se refiere al número de contratos. En relación con los sujetos a concurso públicos se dispara al indicarse que no ha bajado del 80% en los tres últimos años, llegando incluso a un 94,24% en 2019.

Otros informes profundizan en las críticas. En uno de la empresa municipal Aumsa se cita que «existen gastos tramitados como contratos menores que se corresponden con prestaciones de carácter recurrente o tienen una duración superior a un año». Ese es el motivo de que se establezca como recomendación que la «contratación menor debería tener carácter excepcional».

Lo mismo sucede en sendos informes de Mercavalencia o el Organismo Autónomo de Parques y Jardines, que apuntan en el mismo sentido. En el caso de la EMT, donde se habla en la documentación a la que tienen acceso los consejeros se mencionan que hay expediente de contratación menor donde los «informes de necesidad no se firman por el órgano de contratación y no consta informe justificativo».

Giner recordó que Ciudadanos ha denunciado ante Antifraude los contratos menores realizados desde la delegación de Emergencia Climática, por un valor acumulado de 60.889 euros, así como los de la Fundación Valencia Clima, por valor de 1.480 euros. Antifraude investiga también los contratos de la EMT para la reforma provisional de la plaza del Ayuntamiento. «Desde nuestra formación liberal no vamos a cejar en nuestro empeño de exigir a Ribó la total legalidad en las contrataciones, el concurso público en todos los casos posibles».