Ribó busca un acuerdo con la empresa pero recurre la sentencia del plan de Tabacalera

Parece un embrollo, aunque es lo que está pasando, indicaron ayer fuentes de la alcaldía de Valencia, al precisar que el recurso presentado al fallo ganado por la asociación de vecinos de Penya-roja se debe a una «cuestión procedimental» dado que la entidad vecinal tiene otro contencioso abierto y Guadalmedina una reclamación patrimonial. El Consistorio no puede, alegan las mismas fuentes, quedarse fuera de la escena judicial.

El acuerdo con Guadalmedina tiene una cifra y es la de 17 millones de euros, cantidad estimada que costará la expropiación de la parcela de Micer Mascó. Aún debe realizarse la tasación, aunque es la reserva necesaria que estima la concejalía de Hacienda. Para ello no hay plazo fijado, aunque desde Alcaldía insistieron en el propósito de alcanzar un acuerdo y desactivar así uno de los asuntos urbanísticos más espinosos para el Ayuntamiento la última década.

Tras el fallo del Supremo, el gobierno municipal intentó reclasificar dos parcelas en la calle Río Escalona y 3 de Abril de 1979, con el fin de cederlos a la empresa para viviendas y dejar así el solar de Micer Mascó libre para ampliar un jardín. Eso es lo que anuló el TSJ dos veces y ahora ha recurrido el Ayuntamiento

El grupo municipal del PP llevará al pleno de la semana que viene una moción donde pide el apoyo del resto de las formaciones para que no se construyan las torres de viviendas en Penya-roja.

Para ello, en la moción se insta al gobierno de Compromís y PSPV a dar marcha atrás y que se descarte el recurso contra el auto que han ganado los vecinos frente al Ayuntamiento. La portavoz del PP, María José Catalá, se reunió ayer con vecinos de Penya-roja para anunciarles la presentación de la moción.

Catalá aseguró que si gana las elecciones municipales y accede a la alcaldía una de sus primeras decisiones será frenar el plan actual y destinar las parcelas a uso dotacional y zona verde.

Señaló que son «dos ya los varapalos judiciales que ha sufrido el gobierno municipal, por lo que es necesario frenar cualquier intento de seguir la vía judicial con recursos. Es de justicia que se escuche a los vecinos que quieren para su barrio las zonas verdes y dotacionales de las parcelas que el gobierno de Ribó y PSOE recalificó para construir torres de viviendas».

Una vez realizado los trámites, la moción habla de «volver a calificar los 1.652 metros cuadrados de Edificación Abierta (EDA), recayente a la calle 3 de abril de 1979 a zona verde: ejecutando con el presupuesto municipal de 2023 el ajardinamiento de la parcela».

Y por último «recalificar los 1.150 metros cuadrados de Edificación abierta (EDA), recayente a las calles Penya-roja y Río Escalona, a parcela sanitario asistencial, tal como reclaman los vecinos«, para ceder la parcela a la Generalitat y que construya un centro de salud.

Catalá señaló la necesidad de un centro de salud en este barrio ya que los vecinos de Penya-roja, como en general los de Camins al Grau, «sólo pueden acudir al centro de salud de Trafalgar, especialmente saturado, con una población sanitaria cercana a las 40.000 personas, para las que sólo se dispone de 14 médicos de familia y 5 pediatras».