Ribó pincha en su intento de aprobar el plan de la semana de cuatro días laborales

El punto de fricción era pasar al 24 de abril el festivo que corresponde a la festividad de San Vicente Mártir, que cae en domingo el 22 de enero. El traslado facilitaba el experimento presentado hace meses por el alcalde Ribó de encadenar cuatro semanas seguidas con cuatro días laborables, dado que todos los lunes serían festivos, para realizar un estudio desde Las Naves acerca del efecto en las empresas.

Por el contrario, los grupos de la oposición rechazaron esta alternativa por dos motivos. El primero porque se trataría de un estudio «falso», o como se denominó en el debate una «estafa», dado que la semana de cuatro días laborables no tiene sentido probadas si el quinto es festivo.

El otro motivo y más importante era hacerse eco de la petición de la Interagrupación de Fallas para que el festivo del 22 de enero pasara al 17 de marzo. El día de San José cae domingo en 2023, con lo que esa opción facilitaría la conciliación tanto a los falleros como al resto de vecinos.

Los 17 votos del gobierno municipal debían ser suficientes, aunque en unos minutos se desbarató todo. El concejal del grupo popular Santiago Ballester no hizo uso del segundo turno de intervención en el debate, con lo que se adelantó la votación. Lo primero estaba previsto de antemano, aseguraron fuentes del grupo popular, mientras que la portavoz del grupo socialista, Sandra Gómez, afirmó que se trata de una maniobra, una «descortesía parlamentaria» porque en ese momento seis ediles del gobierno habían salido del hemiciclo para hablar con representantes de los bomberos que acababan de llegar a la plaza del Ayuntamiento en manifestación.

Sea como sea, la votación salió adelante con el fracaso del la propuesta de Compromís y PSPV, que ahora tendrán que presentarla de nuevo. El próximo martes se celebrará una comisión de Cultura de manera extraordinaria y de ahí a otro pleno. Fuentes del gobierno municipal indicaron la posibilidad de votar el expediente el viernes, para llevar asuntos de la junta de gobierno de ese día. Sea como sea, seguro que no faltarán ningún concejal del gobierno municipal cuando se realice la votación.

A pesar que desde el gobierno municipal se insistió en que hay margen para la aprobación, el hecho es que la Conselleria de Economía ha enviado ya tres escritos al Ayuntamiento para que apruebe los festivos locales, uno el 28 de abril, otro el 17 de mayo y un tercero el 7 de octubre, cuando la dirección territorial ya habló de «máxima urgencia» ante la premura de aprobar el calendario laboral de 2023.

Una de las primeras «afectadas» en reaccionar fue la portavoz del grupo socialista, Sandra Gómez, al criticar que la «desesperación de la oposición se lee en estas absurdas muestras de descortesía parlamentaria. Han aprovechado que hemos salido del pleno por la manifestación de bomberos que estaba discurriendo en ese momento para solicitar que se anticipe el voto en un punto».

Por el contrario, fuentes del grupo popular han rechazado este extremo, para asegurar que el concejal de esta formación Santiago Ballester no tenía previsto un segundo turno. De ahí que aseguren que todo se ha debido a que Campillo ha pedido la votación.

La votación dio como resultado once votos a favor y 16 en contra, correspondientes estos últimos a los concejales del PP, Ciudadanos y Vox, Los ausentes, han indicado fuentes municipales, han sido Luisa Notario, Sandra Gómez, Lucía Beamud, Borja Sanjuán, Aarón Cano y Javier Mateo.

El pleno aprobó de manera provisional el presupuesto de 2023, con unas cuentas que se elevan hasta los 1.042 millones de euros sólo en lo que corresponde al Ayuntamiento. Los 17 votos de Compromís y PSPV fueron suficientes, esta vez estaban todos en el hemiciclo, aunque no se ahorraron las críticas de la oposición.

El debate de las cuentas sirvió para destacar los dos puntos de vista totalmente opuestos de la ciudad para el gobierno municipal y el resto de las formaciones. La portavoz del PP, María José Catalá, llegó a acusar a Compromís y PSPV de que no «han tenido ni un gesto para las personas de la calle», además de considerar que se trata de un «presupuesto de fin de ciclo».

Con lo primero se refería a la reivindicación fallida de una bajada lineal de tasas e impuestos. «¿De qué les sirven tener 300 millones en los bancos?», interpeló a la bancada de Compromís y PSPV, para indicar que eso se debía a que «no son capaces de ejecutar las inversiones».

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, centró su intervención en la falta de atención de los dos partidos de gobierno a la vivienda pública, las deficiencias en la limpieza de la ciudad y el efecto negativo de tener que realizar aportaciones extraordinarias a la EMT.

El concejal de Vox Vicente Montañez habló de «desfachatez por presentar por despacho extraordinario 4.500 folios a la oposición una hora antes de la comisión de Hacienda, presentando unos presupuestos que generan miseria e inseguridad a los ciudadanos».

El alcalde Ribó aseguró que es «un presupuesto expansivo» que supera, como sucedió ya en 2022, «los mil millones de euros». Destacó que sea así «en un contexto de subida de precios y de recuperación postpandemia». El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, subrayó que son unas cuentas «sensibles» con las necesidades de los vecinos.