Ribó rechaza pedir perdón por la encuesta fallera pese al fallo de la Audiencia Nacional

Ni un paso atrás. Como si fuera una orden militar y alguien estuviera empeñándose en mantener el fuerte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, rechazó ayer pedir disculpas por la polémica encuesta fallera que desveló este diario y que terminó con una infracción muy grave de la Agencia Española de Protección de Datos, confirmada el martes por la Audiencia Nacional. «Me limito a referirme a las declaraciones emitidas ayer -el miércoles-», dijo el primer edil a preguntas de LAS PROVINCIAS. Más tarde, en la misma rueda de prensa, insistió en que es un tema «muy viejo».

Viejo es. Tres años llevan coleando aquellas preguntas sobre las preferencias políticas o religiosas de los falleros que soliviantaron tanto al colectivo que se llegó a reprobar al entonces concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, en una asamblea de presidentes, un hecho sin precedentes que fue llenando el vaso que colmó su imputación por presunto homicidio imprudente por el accidente de Viveros y que terminó con su dimisión el pasado mes de febrero.

Pero el tema sigue de actualidad, sobre todo después de que el martes se supiera que la Audiencia Nacional rechazara el recurso presentado contra la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos, que calificó de «infracción muy grave» la vulneración de los derechos de los falleros y el incumplimiento de la ley de protección de datos.

En su resolución, el tribunal ratifica que con la encuesta, dirigida por el concejal Pere Fuset, se vulneraron derechos de los falleros encuestados al preguntarles por cuestiones políticas y religiosas y sin su permiso expreso. Así, el sondeo lanzaba estas preguntas: ¿Cómo se define usted en materia religiosa?; ¿podría decirme con qué partido o coalición de partidos se siente usted políticamente más identificado?; en unas elecciones al Ayuntamiento de Valencia, ¿qué partido político o coalición de partidos le gustaría que ganara?; ¿si hubiera de situarse en una escala del 1 al 10 (siendo 1 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha), dónde se sitúa usted?

A este respecto, fuentes municipales explicaron el martes por la tarde que esa sanción «ni existe ni existió». «Pero, en todo caso, los servicios jurídicos estudiarán con detenimiento el pronunciamiento que ha hecho este tribunal», indicaron las mismas fuentes. «El Ayuntamiento únicamente dispuso de los resultados finales del estudio realizado, que fueron expuestos a los medios de comunicación. En ningún caso dispuso de ningún tipo de información de carácter personal de las personas encuestadas», señalaron.

La Audiencia Nacional, sin embargo, tiene una opinión distinta. Detalla en su resolución que si bien había dos ficheros, uno para las respuestas y otro con los datos del encuestado, compartían un identificador: «Al tener el identificador común, puede asociarse a personas físicas hasta que se efectuaron las validaciones y se destruyó el fichero de datos personales».

Los inspectores solicitaron en una visita al Ayuntamiento el 29 de junio de 2017 las impresiones de los ficheros y les indicaron que los datos identificativos se borraron el día 19, diez días después de la denuncia de los falleros a través de este periódico. Fue esa publicación la que obligó al Consistorio a suspender la encuesta con 963 encuestas y no con las 1.100 previstas.

Ante el silencio municipal (ni siquiera el actual concejal de Cutlura Festiva, Carlos Galiana, quiso comentar nada al respecto: se limitó a referirse a las declaraciones remitidas el martes; tampoco Fuset quiso hablar), las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue la del presidente de la Interagrupación, Guillermo Serrano. «Ya lo dijimos, en su momento nosotros ya nos quejamos porque vimos una encuesta con un planteamiento que no entendíamos», explicó ayer. Serrano prefirió ser prudente al entrar a valorar cuestiones judiciales. «Los jueces están para decir lo que está bien y lo que está mal, ahora al menos se demuestra lo que dijimos, se ratifica que así era, nos extrañó que es una encuesta fallera se hicieran esas preguntas, ahora un juez también lo ha visto así, era una encuesta mal planteada desde el principio», añadió Serrano.

El concejal del grupo municipal popular Santiago Ballester pidió ayer al primer edil «que asuma la responsabilidad política de la encuesta en la que se vulneraron derechos fundamentales de los falleros». Para el PP, el Ayuntamiento recurrió la resolución de la Agencia de Protección de Datos «por la arrogancia de alcalde y su concejal de Fiestas que no entendían que la Constitución y una ley orgánica impiden que una Administración utilice datos personales sobre creencias religiosos e ideologías sin autorización para uso político».

Ballester reclamó conocer el coste en dinero público del recurso que se presentó ante la Audiencia Nacional y destacó que si el alcalde y Fuset dicen que la responsabilidad de la autoría de la encuesta es de la empresa, «¿por qué no le exigen que devuelva los más de 20.000 euros que costó su contratación?», se preguntó.

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, recordó a Ribó que es la propia justicia la que le dice «que es muy grave lo que hace: no se puede utilizar el dinero de los valencianos para tener información suya sin su conocimiento». «Nos preocupa la forma de actuar de este gobierno municipal y nos lo reafirma la justicia con sus sentencias», indicó Giner, que afeó al primer edil «que esté haciendo al Consistorio incurrir en gastos» sobre la sanción de la agencia, «que es bastante evidente». «Le pedimos que asuma él los gastos de estos recursos y que no emplee dinero del Ayuntamiento para defenderse de algo que le dicen reiteradamente que es muy grave, sobre todo en un momento de tanta crisis como este», dijo.