Ribó cumple su objetivo de subir el precio del agua

El pleno municipal de julio fue largo y árido como un día en el desierto. Más de siete horas en los que se debatieron cuestiones económicas, sobre todo. La oposición puso en el blanco de las críticas la subida de la tasa del agua, un 1,25%, y la amortización de deuda con el remanente pendiente. PP, Cs y Vox pidieron al equipo de gobierno que invirtiera este dinero en ayudas para paliar la crisis del Covid-19 mientras se preguntaban si el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quería gastarse el dinero antes de que el Gobierno de España lo incautara como paso previo a repartirlo en los consistorio, tal como figura en el método de reparto de este dinero que se debate hoy en la Federación Española de Municipios y Provincias.

La subida de la tasa del agua salió adelante con el respaldo del equipo de gobierno y el voto en contra de la oposición. El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, señaló que este aumento «no tiene ningún sentido», y puso el índice en la importancia de acometer las inversiones de mejora de la red necesarias. Además, aseguró que las modificaciones se basan en una previsión de incremento del IPC «que no es real tras la pandemia». Por su parte, la concejala del grupo popular municipal defendió la bajada de impuestos como «la única receta a aplicar ante la crisis si queremos generar empleo, atraer inversión y generar riquezas».

El recién incorporado concejal Borja Sanjuán, nuevo responsable de la Hacienda Municipal, defendió las propuestas del Gobierno municipal y subrayó que «todos los organismos económicos piden que el sector público dé el do de pecho cuando el sector privado se halla arrasado por la pandemia». El edil refutó la ineficacia de «pedir bajada de impuestos tanto cuando hay recesión como cuando hay crecimiento como única receta», y defendió que las administraciones públicas «han de tener recursos para salvar la economía y actuar ante la fractura social«. «Este Ayuntamiento ha perdonado las recaudaciones a las personas con menor capacidad tributaria; pero quienes pueden pagar los impuestos deben hacerlo», defendió el edil, que concluyó que «antes de la crisis sanitaria, Valencia era la gran ciudad del Estado que más empleo había creado en los últimos años y más había multiplicado la inversión».

Además, el pleno aprobó ayer una modificación de créditos y suplementos extraordinarios del presupuesto 2020 por importe de 38 millones de euros, que permitirá dedicar un total de 32 millones de los ahorros municipales a amortización de la deuda municipal. De esta manera, los niveles de endeudamiento público se reducirán a su nivel más bajo desde 1997, según datos ofrecidos por el Consistorio. «La pandemia de Covid-19 nos ha obligado a modificar nuestros presupuestos municipales de este año para atender las necesidades más urgentes de la población: atender a las familias más vulnerables, reactivar la economía local y fomentar la ocupación, y mantener la seguridad de las personas en todos los barrios», explicó Ribó. Según las previsiones, a finales de 2020 la deuda municipal, que en 2015 se situaba en 784,6 millones de euros quedará reducida a los 297 millones (34%).

Giner elogió la reducción de la deuda municipal, pero aseguró que «las modificaciones crédito traerán problemas de cara al ejercicio 2021». Además, lamentó el uso de las modificaciones de crédito que, dijo, «no se justifican por la pandemia». Finalmente, la portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, insistió en que la decisión de dedicar 32 millones del remanente municipal a amortización de deuda «significa que el gobierno municipal no se fía de que el Gobierno del Estado vaya a incautar el ahorro de los ayuntamientos».