Silencio de Compromís y PSPV, tan absoluto que rechazaron incluso participar en el debate de la moción propuesta por el grupo Vox este jueves en el Ayuntamiento acerca del «abuso» de los contratos menores, los denominados a dedo, en el pleno mensual.
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El portavoz de la tercera formación, José Gosálbez, presentó una propuesta acerca de un «compromiso deontológico de buenas prácticas en el uso de los contratos menores». Destacó que su empleo sea una «herramienta excepccional y no abusiva», para plantear que se inventarien los encargos recurrentes de este año.
Como publicó LAS PROVINCIAS, desde que es alcalde Joan Ribó las concejalías han gastado en contratos menores un total de 110,85 millones de euros. Esta práctica ha recibido críticas de Intervención Municipal e incluso de la Agencia Valenciana de Antifraude sobre casos concretos, donde incluso se ha alertado del riesgo de fraccionamiento.
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El concejal popular Juan Giner dijo que sencillamente al gobierno municipal el asunto de los «contratos menores se les ha ido de las manos. Ciento diez millones desde que están en el gobierno». Citó el último caso del nuevo monolito que sustituirá al actual dedicado en origen al movimiento del 15-M y que costará 20.000 euros. «Es el último caso de lo que pondrán en la plaza de los trastos y que roza el tope legal», dijo en referencia de la plaza del Ayuntamiento.
«No saben gestionar y vienen los embolados, lo dice hasta el Interventor y su agencia Antifraude le afea el exceso de contratación menor, la práctica abusiva. Alguien debería asumir algún tipo de responsabilidad. A la vista del caos en la contratación, creo que se le ha ido de las manos y la confusión es manifiesta», destacó.
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El edil de Ciudadanos Narciso Estellés hizo por su parte un desglose detallado de lo que gasta Valencia en contratos menores y el resto de las grandes ciudades, para señalar que porcentualmente es claramente superior. «El equipo de gobierno hace cada año un festival de los contratos menores», subrayó.
De manera sorprendente, ninguno de los dos grupos que forman el gobierno, Compromís y PSPV, quisieron hacer frente a las críticas y el asunto pasó a votación, con el rechazo citado de la propuesta de Vox.
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