El Síndic reprende a Ribó por mantener la parada de Tetuán sin estar legalizada

El Síndic de Greuges ha reprendido al Ayuntamiento por mantener sin legalizar desde hace un año la macroparada de la plaza de Tetuán, una dársena de 15 metros de longitud enfrente del antiguo convento de Santo Domingo y que carece a día de hoy del permiso de la Conselleria de Cultura, pese a que se trata de un entorno protegido por su valor patrimonial.

Así lo subrayó ayer el concejal del grupo popular Alberto Mendoza, quien recordó que la concejalía de Movilidad ha contestado en anteriores interpelaciones que sí tenía ese permiso, lo que se desmonta en el informe del Síndic de Greuges.

En una respuesta del delegado de Movilidad, Giuseppe Grezzi, el pasado 25 de abril sobre esta cuestión se señala que «la Conselleria de Cultura en comunicación del 28 de noviembre de 2016, informó que no requería de autorización previa por la Conselleria competente en materia de cultura».

El relato del Síndic es distinto con la información que le proporciona el mismo Ayuntamiento, al indicar que la comisión de Patrimonio decidió el 28 de septiembre de 2017 que «se deberá recabar autorización de la Conselleria de Cultura. Por ello se remitió nuevamente el 9 de noviembre solicitud de autorización, para poder continuar con la tramitación de autorización de las marquesinas, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta».

La cuestión supera lo que en teoría es un conflicto sobre el procedimiento, dado que esta macroparada es una de las piezas angulares de la reordenación de líneas de la EMT. De no conseguir la legalización por la afección patrimonial, la empresa municipal tendría que replantearse las modificaciones previstas en los itinerarios de acceso al centro.

En septiembre de 2015 se inició el expediente para tramitar las obras del anillo ciclista, inaugurado en marzo del pasado año. Con motivo de ese proyecto se contempló la «ampliación de la isleta triangular existente frente a la iglesia y ex-convento de Santo Domingo de la plaza e Tetuán y la instalación de una marquesina de cinco metros».

En septiembre del mismo año, prosigue el informe municipal, la Conselleria de Educación y Cultura «autorizó patrimonialmente las actuaciones», por lo que el Consistorio aprobó en mayo de 2016 el proyecto básico del carril bici. El problema es que «con posterioridad, la EMT modifica el diseño de la marquesina para mejorar su funcionalidad hasta los 15 metros, lo que obliga a realinear el paso de peatones para ubicar la marquesina y permitir la parada de dos autobuses».

Esto último es lo que carece de permiso de la Generalitat, competente en materia de protección de patrimonio, subrayó Mendoza. El edil de Movilidad ha sostenido en varios debates plenarios que la macroparada cuenta con todos los permisos necesarios, aunque el informe del Síndic dice lo contrario.

Una vez que la EMT modificó la parada, la comisión de Patrimonio acordó el 28 de septiembre de 2017 que sí era necesaria la autorización. En opinión del Síndic, José Cholbi, de la lectura de los documentos enviados por el gobierno municipal se deduce que la instalación se realizó «excediendo las autorizaciones concedidas, como consecuencia del rediseño realizado por la EMT para mejorar su funcionamiento».

Ante esta situación, se valora que el Consistorio haya pedido la autorización, si «bien se está demorando en exceso, permitiendo con ello que se mantenga la vulneración de la legalidad urbanística», por lo que reclama que «sería preciso que por parte de los servicios municipales se adoptasen cuantas medidas resultasen precisas para garantizar la resolución del expediente y restaurar la legalidad urbanística que pudiera estar siendo conculcada», sopesando así el desmontaje.