La Policía Local exige a Grezzi un sistema para identificar bicicletas

El informe de la Policía Local de Valencia sobre la futura ordenanza de movilidad que ha planteado el concejal del ramo, Giuseppe Grezzi, enmienda la plana al edil en determinadas cuestiones relacionadas con la seguridad en las calles y con el trabajo diario de los agentes en la ciudad. Quizá la más llamativa sea la que habla de la necesidad de identificar de alguna manera a las bicicletaspara poder sancionarlas correctamente. El Cuerpo municipal propone, en el documento al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, un código QR en cada ciclo, tanto privado como de empresas de alquiler que operen en Valencia, que permita su rápida identificación.

Lo hace a través de una alegación que reza, de forma literal, que consideran «absolutamente necesario que bicicletas, resto de ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP), tanto privados como sujetos a una actividad económica (los de alquiler), estén identificados. Aunque la ordenanza habla de un registro, eso en términos prácticos para el control que tiene que ejercer la policía sirve para bien poco, salvo que el propio ciclo, bicicleta o VMP lleven un código QR que posibilite al agente identificar al titular de forma precisa e inmediata».

Esta petición de la Policía Local de Valencia contrasta con la poca atención prestada en el borrador de la ordenanza a cuestiones como el seguro o la matrícula en bicicletas y patinetes, que el texto intenta igualar en la medida de sus posibilidades. Únicamente obliga a llevar seguro a los patinetes C1 o superior y si se emplean para trabajos comerciales como reparto o transporte de viajeros. Sin embargo, empresas como Lime que alquilan sus patinetes en Valencia sí ofrecen un seguro de responsabilidad civil, no así de sanciones, a las que han de hacer frente los propios usuarios. En este sentido, la Policía Local explica que en los vehículos alquilados la identificación es «absolutamente necesaria, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones pueden ser utilizados por extranjeros». Con esa identificación, indican desde el Cuerpo municipal, se podría dirigir a un domicilio «las notificaciones de las denuncias detectadas». Los agentes creen que es muy complicado sancionar a un ciclista si el vehículo está sin registrar, sobre todo si el conductor en cuestión se da a la fuga.

La indicación de los agentes está en línea de lo planteado hace dos semanas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tras una reunión con víctimas de accidentes de tráfico se mostró partidario de un seguro y una matrícula para las bicicletas y los patinetes. El ministro considera que la ley debería «exigir que haya un seguro, una garantía de que la víctima de cualquier tipo de siniestro causado por estos nuevos vehículos también quede perfectamente cubierta para el caso desgraciado de que acontezca un siniestro». Estas declaraciones del ministro socialista, que no se han concretado en ninguna medida en particular, ya sirvieron para soliviantar a los colectivos de ciclistas, que a través de València en Bici y de la coordinadora nacional ConBici expresaron su descontento y anunciaron movilizaciones como en 2013 cuando el Gobierno quiso obligar a los ciclistas mayores de edad a llevar casco también en las ciudades.

El extenso documento de alegaciones, de siete páginas, abunda en otras cuestiones importantes de la ordenanza de Grezzi. Claves, podría decirse. Por ejemplo, la Policía Local enmienda también una de las medidas más llamativas del texto que la concejalía que dirige el edil de Compromís ha tardado más de tres años en elaborar y que aún no tiene fecha de llegada al pleno municipal: la novedad de que las bicicletas podrán circular por la calzada incluso si existen carriles bici al eliminar la obligatoriedad de hacerlo por los viales segregados.

La Policía Local apunta que según su criterio, «debería prohibirse la compatibilización del uso de cualquier ciclo y VMP en cualquier sentido de la circulación y con independencia del número de carriles (...) por el riesgo que supone para los usuarios de ciclos y VMP». También dice, en esta alegación, que las bicicletas no deberían circular en contradirección.

El documento del Cuerpo municipal habla de otras cuestiones como que las bicicletas no puedan llevar personas remolcadas o que falsear el billete de la ORA cuente como presunto delito de falsedad documental, al considerar que la sanción de 60 euros que propone la ordenanza «traslada una clara sensación de impunidad». Además, afea a los redactores del texto que se citen determinadas leyes que están derogadas: la ordenanza habla de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que está derogada desde el 30 de julio de 2011.