El Supremo cierra la última puerta a Celia Zafra para evitar el pago del fraude de la EMT

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación de Zafra contra la sentencia de 2023 del Tribunal de Cuentas. El argumento que explica el Supremo es que no puede examinar las cuestiones que plantea Zafra, como es fijar jurisprudencia de cuáles son las responsabilidades que alcanzan a los funcionarios y empleados públicos.

El Tribunal de Cuentas en primera instancia estimó la demanda de la EMT. Zafra recurrió en Apelación y perdió, aunque con un voto particular a su favor. Luego volvió a recurrir al Supremo esta sentencia de Apelación y se lo han inadmitido ahora, sin posibilidad de recurso por vía ordinaria. Podría intentar ir al Constitucional o a la Unión Europea, pero sería poco viable que tuviera éxito.

Lo que Zafra pedía al TS es que se valore la totalidad de los elementos y circunstancias concurrentes, tanto en el engaño en la que dice que ha sido sometida, como en su participación en el sistema de pagos, tal y como recoge la sentencia. Pretende revisar las valoraciones apreciadas en la sentencia, aspecto que no puede tratar el recurso. Además, el Supremo le impone el pago de las costas procesales.

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El abogado de Zafra defendía, sobre la cuestión de la culpa que pudo tener ella en el robo, que el Supremo tenía que fijar jurisprudencia al respecto de cuáles son las responsabilidades que alcanzan a funcionarios y empleados públicos «en los supuestos de actos ilícitos cometidos por terceros contra la Administración«, pero el tribunal ya ha dictaminado sobre este aspecto. La defensa de Zafra señalaba que la directiva fue engañada y, por tanto, no se le puede culpar a ella y que los estafadores queden impunes.

En 2019 desde una cuenta falsa los ladrones convencieron a la exdirectiva despedida, Celia Zafra, de que eran abogados de Deloitte y que tenía que transferir casi siete millones de euros a dos cuentas del Bank of China en Hong Kong por la adquisición de unos autobuses. Salieron más de cuatro millones antes de que Josep Enric Garcia Alemany, entonces director gerente de la entidad, se diera cuenta de que nadie había dicho nada de comprar en dos empresas en China y ordenó al banco detener las transferencias.

El Tribunal de Cuentas consideró culpable a Zafra y la obliga a pagar los cuatro millones de euros, una cantidad que ella dice no tener, y ahora el Supremo no ha admitido a trámite el recurso de la exdirectiva para librarse de ese pago.