Transparencia obliga a Grezzi a dar un centenar de documentos sobre el robo

Ricardo García Macho, presidente del Consejo de Transparencia desde 2015 a propuesta de Podemos, le ha dado un plazo de un mes al responsable de la EMT, Giuseppe Grezzi, para que entregue una serie de documentos al grupo popular solicitados en noviembre del pasado año con motivo de la comisión de investigacion paralela a la judicial creada para depurar responsabilidades por el robo de cuatro millones de euros a la compañía.

El concejal del PP y consejero de la empresa Carlos Mundina comentó ayer que el volumen de documentación asciende a un centenar de peticiones, entre expedientes, correos electrónicos y distintos protocolos, así como otras peticiones fallidas.

La resolución del Consejo de Transparencia lleva firma de García Macho del pasado 19 de junio y la única respuesta hasta ahora, aseguró Mundina, es una comunicación del director gerente de la empresa, Josep Enric García, donde se indica que «están estudiando como dar respuesta a la petición recibida».

Poco después de que se hiciera pública la resolución, la EMT informó a través de la agencia Efe que la mayor parte de la información requerida por el PP ya ha sido trasladada a este grupo en el consejo de Administración y consideró que hay un defecto de forma en la resolución al no haber tenido en cuenta las alegaciones realizadas por la empresa.

Según el relato de Mundina, lo primero es incorrecto. «Uno de los párrafos de la resolución comienza precisamente con la frase 'según lo alegado por la EMT...' La realidad es que sólo nos han entregado parte de la documentación. Del resto no nos han dado nada, tan sólo las auditorías financieras y operativas que ya las teníamos del último ejercicio por las cuentas anuales».

Fuentes de la EMT comentaron que la resolución fue dictada el 19 de junio y unos días después, el 22, el Consell envió un requerimiento de información, cuando el procedimiento habitual es pedir la información, recibir alegaciones y posteriormente emitir la resolución.

Por ello, señalaron que si se hubiesen tenido en cuenta sus alegaciones, se habría «constatado» que la mayor parte de esa información ya se ha trasladado al PP en el Consejo de Administración y tiene copia de todos los informes de seguridad, notificaciones de todos los organismos de control, los informes de auditoría y otra documentación.

Desde la empresa señalaron que se manifestaron dudas en la protección de datos por el derecho a las comunicaciones al pedir correos electrónicos. El concejal de Movilidad aseguró que se respeta «de manera escrupulosa» la ley, pero en esta resolución ha habido un error administrativo que «ha impedido» que se tuvieran en cuenta las alegaciones. Por eso estudiarán las vías legales para recurrirla, dijo.

Por el contrario, el edil del PP subrayó que la resolución «viene a confirmar la recomendación del Sindic de Greuges que en junio ya instó a la EMT a entregar la documentación, a lo que la empresa se negó». La resolución sí reconoce que una parte fue entregada por parte de la EMT, como señaló el grupo popular en un escrito del 14 de enero.

Eso sí, se estima la petición sobre el resto. Entre la documentación pendiente se habla de «identificar los equipos informáticos o soportes tales como teléfonos, móviles, tabletas o cualquier otro dispositivo desde los cuales se han realizado órdenes de pago, transferencia u operaciones bancarias entre 2016 hasta 2019, y qué responsables tienen firmas autorizadas para ordenar dichos pagos en las cuentas bancarias de titularidad de la EMT».

También se pide «copia de los correos electrónicos enviados y recibidos por la jefa de Área María Rayón desde el pasado 1 de septiembre al día 30, periodo en el que sucede la estafa que se investiga. Otro tanto sobre la «copia de cualquier comunicación recibida en relación con este fraude, por parte deI Centro Criptológico Nacional, de la Agencia Española de Protección de Datos, del Tribunal de Cuentas y de la Sindicatura de Cuentas».

Hasta que todo eso no haya sido entregado y analizado, Mundina comentó que «no se puede dar por cerrada la comisión de investigación por mucho que quieran. De la misma manera que la auditoría encargada por Grezzi sobre los ordenadores».

La presidenta de la comisión de investigación, Elisa Valía, tiene previsto este mes dar a conocer el documento de conclusiones de la comisión, donde el Partido Popular y Ciudadanos han anunciado ya que harán sendos informes por separado. La principal diferencia se encuentra en hasta donde elevar la responsabilidad por la falta de control que permitió el robo. Las dos formaciones quieren incluir en este grupo al presidente de la compañía, Giuseppe Grezzi, lo que ya ha ido descartado por el PSPV.