Tres meses para definir el futuro de la Marina

Este martes se reunieron tres representantes de la comisión de liquidación del Consorcio: el Ayuntamiento de Valencia (que sigue representado por el director general del Consorcio, Vicent Llorens); la Generalitat (con Javier Casas) y el Estado (Ramón Marzal), pero a pesar de solicitar información, ninguno avanzó el resultado de este encuentro.

Quedan muchos nudos, y no precisamente marineros, por resolver como si se llegará a acuerdo o no para crear un nuevo ente, ya que durante el gobierno de Compromís y PSPV hubo desencuentros y no se llegó a buen puerto. Tampoco se sabe si entrará el Gobierno (con Puertos del Estado, de la Autoridad Portuaria o ninguno) y si el Ayuntamiento podrá sacar en concesión a empresas privadas edificios.

La incertidumbre que planea en La Marina de Valencia –en ese balcón al mar de la ciudad– es tan acuciante, que un total de treinta y dos empresas están en una situación de no saber qué va a pasar en el futuro más o menos inmediato, en función de la fecha de caducidad de sus concesiones.

Algunas cuentan con autorizaciones a largo plazo, como es el caso de Marina de Empresas (Edem o Lanzadera), pero otros muchos concesionarios tienen fechas de caducidad próximas e incluso hay casos en que las concesiones ya han llegado a su fin.

Las dos asociaciones que engloban a las distintas empresas de la Marina coinciden en señalar que es preciso definir el plan de usos de la Marina y dar seguridad sobre las condiciones que tendrán para continuar con sus proyecciones de negocio y saber quién va a estar al frente.

Así, por ejemplo, desde la asociación de empresarios Valencia Premium, que cuenta con asociados del mundo de la hostelería, de empresas de catamaranes, motos náuticas y quioscos para refrescos, explican que hay «algunas concesiones que caducan en breve, en un año o a mitad de 2024, y estamos esperando que nos reciban en el Ayuntamiento de Valencia. Nos han dado fecha de reunión para el día 29. La relación con el Consistorio es fluida y comunicaremos nuestras inquietudes».

Aseguran que como el 31 de diciembre termina la última prórroga de la vigencia del Consorcio Valencia 2007 (que se creó durante la America's Cup) «no sabemos qué nuevo órgano gestor nos va a llevar». La cuestión que manifiestan es que no pueden «hacer inversiones porque no sabemos qué va a pasar».

Desde la asociación de Empresarios de la Marina de Valencia, que representa a 25 negocios, detallan que la «situación es insostenible. Es urgente resolver el modelo de gestión porque los operadores estamos bloqueados».

Algunos componentes reconocen que este mes les vence la concesión y a otros en octubre. Como ejemplo, relatan: «Hay firmas de alquiler de veleros que han recibido propuestas de empresas para hacer 'team buildings', es decir, encuentros para construir equipos de trabajo, y han pedido reservar un evento para 2024, pero la concesionaria no sabe si va a poder renovar y las condiciones económicas de los amarres en la dársena».

Del mismo modo, explican que hay empresas de deportes de agua o de náuticas que tienen oficinas en concesión y tampoco saben si seguirán en estos emplazamientos. Aseguran que hay «más de 25 empresas que tienen sus iniciativas paralizadas porque no tienen la seguridad para hacer un plan de negocios».

El problema no se ha gestado de un día para otro, ya viene de anteriores legislaturas y gobiernos. Y un buen ejemplo es que Juan Roig, impulsor del ecosistema de emprendedores e innovación que se articula en Marina de Empresas, quería expandir las sedes de Lanzadera, Angels y Edem en el tinglado 4 ya rehabilitado y todavía no se ha sacado a concesión. Primero el gobierno de Ribó retrasó un cambio de fichas de protección del tinglado 4 y, luego, cuando se hizo, siguió el proceso en la ventanilla de la comisión de Urbanismo de la Generalitat. Todavía no se ha anunciado si la tramitación ha terminado el periplo y el proyecto está parado, a pesar de que Marina de Empresas llegó a recibir ofrecimientos de ciudades como Barcelona y Alicante.

Una de las perlas de la Marina es la gestión de los amarres de las embarcaciones en la zona próxima al edificio Veles e Vents de la Marina. Hasta ahora la gestión la lleva el propio Consorcio Valencia 2007, pero faltará ver qué pasa a partir de 2024. No hay que olvidar que el puerto deportivo de la Pobla de Farnals denunció a la Marina ante Bruselas, por competencia desleal, ya que los precios públicos que oferta Valencia son más baratos que los que pueden ofrecer las empresas y, finalmente, una sentencia les obliga a sacar la gestión por concurso. Desde 2022 la Autoridad Portuaria está trabajando en los pliegos del concurso, para que en cumplimiento de la sentencia, la gestión la lleve en un futuro una concesionaria.

Mientras tanto, los empresarios del área náutica y deportiva de la Marina de Valencia critican que las prestaciones que se prestan en los amarres han bajado de calidad. Según las empresas usuarias de los amarres, «hay una paralización absoluta del mantenimiento. Las instalaciones de los pantalanes y los baños están en muy bajo nivel». Añaden que los «recursos humanos son insuficientes para atender los amarres». Incluso explican que hay más de 25 oficios artesanos, «desde carpinteros de barcos hasta electricistas que dependen de la gestión de los amarres para tener clientes».

Uno de los puntos más espinosos de la negociación son los usos que se puedan dar o no de los edificios de la Marina, algunos cedidos por la Autoridad Portuaria al Ayuntamiento de Valencia, como los Docks y los tinglados 2,4 y 5, y otros que gestiona el Consorcio (aunque es propiedad del Ayuntamiento), como el icónico Veles e Vents o las bases.

Mientras el Consorcio debía los 400 millones del crédito ICO, se permitió al ente sacar concesiones para devolver el dinero. Muchas de las concesiones siguen vigentes, (como las bases y el Veles e Vents, edificio que ha cubierto siete años de concesión, pero que le quedan renovaciones durante 3,5 años), pero tras saldar la deudas y cuando se disuelva el Consorsio, será la Autoridad Portuaria la que cobre el canon, a no ser que antes se acuerde un ente gestor que coja el testigo del Consorcio.

Tampoco hay que olvidar que un informe de la Abogacía del Estado advierte que los edificios cedidos al Ayuntamiento, como los Docks, sólo se pueden usar para fines sociales o de interés general.

Otro de los temas a debate es la gestión de la lámina de agua de la dársena del puerto de Valencia. Ya durante el gobierno de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento y del PSPV en la Generalitat, este último organismo solicitó al Estado la cesión del uso de este espacio.

Son varias las ocasiones en que se llegó a decir que estaban interesados en este espacio de agua, pero desde el Estado no han mostrado intención alguna de ceder el uso.

Cabe recordar que el objetivo de la Generalitat era quedarse esta lámina de agua para hacer una gestión autonómica, pero no tiene el visto bueno. Es un asunto que no ha prosperado.

Ahora falta ver si finalmente se crea un nuevo ente gestor que sustitutuya al Consorcio que está en disolución.

En este caso, faltará ver si el Estado entra en el posible organismo, bien a través de un ministerio o a través de Puertos del Estado o de la Autoridad Portuaria de Valencia. Si finalmente entraran las tres administraciones, seguro que sería más fácil aclarar el reparto de la gestión de los inmuebles.