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«Hemos puesto en marcha con un plan de choque para abrir más centros, tenemos 13 ahora y nuestra idea es que en cuatro años ... podamos abrir nuevos». La concejala de Servicios Sociales, Mara Torrado, habla de los planes del Ayuntamiento este mandato.
«El otro día, en Orriols, anunciamos que el centro social será exclusivamente para ellos. Es muy necesario porque hay mucha población vulnerable, el 80% de los vecinos tienen que acudir a ese centro», dice. «Estos cuatro años abrirán más porque es una necesidad, abriremos en Torrefiel, en la alquería de Solache. Tenemos en contratación uno en el antiguo mercado de Benicalap y también en la nave 4 del Parque Central, para atender a la población de Ruzafa, que ahora tiene que ir a Ciutat Vella, lo que es una barbaridad».
La edil desvela que otro de los centros estará en la pedanía de Benimàmet. «Tiene una población de 15.000 personas, que ahora deben ir a Campanar para que les atiendan. Hay que acercar más los servicios sociales a la gente», considera.
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«Hay que reducir esa lista de espera y que los servicios sociales se acerquen más al ciudadano», subraya, para destacar en materia de vivienda que cada fía firma «solicitudes a la conselleria o Aumsa de una vivienda, lo que no pasaba hace años, me ha sorprendido la necesidad de vivienda social».
En cuanto a los nuevos centros, Miralles pide que se tenga en cuenta la apertura de más de los llamados de baja exigencia. «Hacen falta más y también en los pueblos alrededor de Valencia». Paco Alós añade que es necesario «coordinar mancomunadamente, es fundamental. Si se concentra todo en Valencia, los problemas también».
Los centros de baja exigencia son aquellos en los que los requisitos para entrar son mínimos, por ejemplo, personas que sufren adicciones y no pueden estar en otro albergue porque molestan a los demás.
La edil anuncia también en la mesa la firma de un convenio con la plataforma de voluntariado, con el fin de canalizar ayudas públicas y donaciones particulares. «Ha aumentado la gente en la calle, el último censo ha sido de unas 400, y otras tantas en albergues. Casi mil personas que no tienen techo, un hogar».
Comenta que hace años, el Ayuntamiento tenía «equipos que atendían a estas personas, los X-4, policías locales de paisano. Ahora no funciona y quiero hablar con Carbonell (concejal de Policía Local) para dotarlo de más personal».
Aranda comenta sobre el trabajo en la calle que es necesaria la coordinación con las unidades de salud mental. «Muchos problemas necesitan seguimiento psiquiátrico, igual que generar espacios seguros para las mujeres, que tienen más riesgo de sufrir una agresión. El tema de la vivienda está unido a esta realidad, todas las medidas ayudas pero al final buscamos que estas personas puedan acceder a una habitación, a un piso».
Otro asunto es todo lo referido a la Ley de Extranjería. «Da para un monográfico», dice Gómez, quien apunta que es «imposible conseguir una cita. Sólo logran derecho al asilo el 7% y el 93% está en un limbo».
Miralles comenta casos que han tenido de «familias con niños pequeños que siguen todos lo trámites, con niños escolarizados y trabajo. Que se tengan que ir es muy duro».
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