Valencia y otras seis grandes ciudades piden libertad para gastar sus fondos contra la pandemia

Siete grandes ciudades españolas, entre las que se encuentra Valencia, acordaron ayer una declaración conjunta para reivindicar al Gobierno una serie de cuestiones relativas a la gestión de los Ayuntamientos durante y después de la pandemia del coronavirus. Entre las más relevantes se encuentra la petición de utilizar libremente el remanente de los presupuestos de 2019, un uso que ahora se ciñe a inversiones y el pago de deuda, así como una interlocución directa con el Ejecutivo.

La declaración fue fruto de una videoconferencia a la que asistieron los representantes de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia, junto con Valencia, en una iniciativa a la que se quiere agregar a las ciudades de Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y Ciudad de Palma. Según el cálculo de la Federación Española de Municipios, el remanente de las Administraciones locales asciende a 3.839 millones de euros.

Las siete ciudades reclaman un cambio en el marco financiero global que les permita disponer de los remanentes acumulados «sin ningún tipo de limitación para proteger a los más débiles y participar en la necesaria reactivación económica».

El alcalde Joan Ribó participó en el encuentro que acordó el documento, en el que se habla de la «participación activa de los Ayuntamientos de España en los planes estatales y autonómicos relacionados con esta crisis».

Además del uso de los remanentes acumulados, la declaración reclama la suspensión de la presentación de los planes económicos financieros mientras dure el estado de alarma. También la flexibilización de los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para aumentar el gasto público, junto con el acceso a los fondos europeos extraordinarios para luchar contra la crisis.

En el caso de Valencia, el remanente de 2019 asciende a unos 60 millones de euros. El decreto del Gobierno sobre el estado alarma permite derivar un 10% de esta cantidad a gasto corriente, aunque Ribó comentó recientemente que le parece una cifra claramente insuficiente.

El presupuesto municipal es a día de hoy papel mojado en lo que se refiere a inversiones y gasto corriente. Las primeras se reducirán con seguridad, mientas que el otro apartado crecerá por las ayudas directas para autónomos, pequeñas empresas y dotación para servicios sociales, entre otras iniciativas por la crisis sanitaria.

Otro de los asuntos tratados por los alcaldes es la necesidad de que el Gobierno aumente la financiación al transporte público, dado que las empresas municipales han sufrido desde el confinamiento una caída media del 90% en el número de usuarios.

«Que se habiliten fondos nacionales para financiar los grandes déficits de tarifa que se están generando en el transporte municipal, incrementar la prestación de servicios sociales y participar en el desarrollo de políticas de empleo; y, finalmente, que el Estado permita a los municipios avalar líneas de crédito para ayudar a autónomos y pymes», se indica en el acuerdo. Ribó defendió la «importancia de los servicios públicos en orientar las líneas de actuación para superar la crisis». Por ese motivo, junto con el resto de alcaldes reclamó al Gobierno una interlocución entre el Ejecutivo y las ciudades.

Una de las peticiones pasa porque los primeros autoricen un adelanto de la financiación dirigida a los municipios, dado que es «en el ámbito urbano donde se efectúa la atención directa a los colectivos más vulnerables, como personas sin techo y mayores y colectivos vulnerables, así como medidas fiscales que permitan estimular las pequeñas economías y las economías domésticas».