Los vecinos afectados por la ZAL exigen a la Generalitat que costee la reversión de la huerta

Si Mahoma no va a la montaña, será la montaña la que irá a Mahoma. Eso es lo que parecen haber pensado los vecinos de La Punta expropiados para construir la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia. Estos residentes lamentan que la Generalitat no les haya llamado ni consultado para ver cómo resolver el problema del suelo de sus antiguas propiedades, después de que el TSJ haya dictado una sentencia que anula el Plan Especial de la ZAL.

Por eso, este jueves, en vista de que no les convocan para dialogar, son los propios afectados y colectivos como Per l'Horta los que se han concentrado en la plaza de Manines, frente al Palau de la Generalitat para hacerse escuchar.

No han faltado las animaciones musicales con tabal i dolçaina, las muixarangas y hasta una cena de sobaquillo para demostrar que están dispuestos a seguir unidos y a defender sus derechos por la vía judicial.

En un comunicado hecho público por la asociación La Unificadora de La Punta, detallan que «nuestra asociación no ha negociado, ni ha sido llamada a siquiera negociar nada que tenga que ver con los terrenos de la ZAL afectados por dicha sentencia».

También dejan claro que «los servicios jurídicos de nuestra asociación entienden que el recurso preparado para el Tribunal Supremo por VPI Logística y por la Generalitat Valenciana no deberá en modo alguno prosperar. Nada en absoluto tiene que ver el problema jurídico que ha dado lugar a la anulación del Plan Especial de la ZAL con el que motivó la anulación del PATIVEL, que fue declarado inválido por el TSJ de la C. Valenciana en sentencia que el Tribunal Supremo ha acabado revocando».

Dejan claro que no están de acuerdo con la idea lanzada por el PSPV de comprar parte del suelo para hacer un corredor verde.

Además, aclaran que «es por completo incierto que la anulación del Plan Especial de la ZAL pueda llevar a los expropiados a tener que devolver las sumas que se les han pagado». Y opinan que «las manifestaciones hechas en ese sentido por la vicealcaldesa Sandra Gómez no solo son incorrectas, sino que son tendenciosas y obedecen a un intento inaceptable de amedrentar a los afectados».

Quieren que quede constancia de que «toda reversión expropiatoria de un suelo obliga al expropiado a pagar el valor que tenga aquello que se le devuelve, en este caso un suelo no urbanizable que valdría muy poco como suelo rural (eso es dicho suelo a la vista de la anulación del Plan Especial de la ZAL)».

A su vez, La Unificadora recuerda que «la administración debe costear a su exclusivo cargo la conversión del suelo en lo que corresponde bajo el único planeamiento aplicable, que es el de huerta».

Añaden que la asociación hace reserva de defensa de sus derechos y del ejercicio de las acciones que sean del caso.

Además, concluyen que la vicealcaldesa debería dimitir, pues resulta inadmisible que trate de amedrentar a los afectados, en especial a los integrantes de la mencionada Asociación. Tampoco es de recibo que la propia vicealcaldesa adelante pretensiones o posibles soluciones sin haber mantenido reunión alguna con los afectados«.

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